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La sanidad pública, y la privada, están a debate en estas elecciones, al igual que el modelo educativo, en el que los partidos mantienen modelos bien diferenciados. La realidad de los desahucios y de quienes se han quedado sin techo marcan buena parte de los programas como urgencias que hay que resolver en el menor plazo de tiempo posible. / Fotos: Manuel Gómez, Antonio Acedo y El Correo -
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De emergencias sociales y una economía suficiente
PP y Ciudadanos apuestan por la solidez de los números que sustente sus políticas sociales mientras PSOE y Unidos Podemos se inclinan por atajar primero las urgencias
Leer las páginas de los programas electorales dedicados a las políticas sociales resulta paradójico: todos coinciden, no les queda otra, en cuestiones como combatir la exclusión social, frenar los desahucios, garantizar el sistema de pensiones, proteger a los menores, pelear contra la violencia de género... y, sin embargo, en el apartado social aparecen también enormes diferencias entre unos y otros. Es terreno abonado para marcar distancia ideológica.
Un vistazo a los programas del Partido Popular y Ciudadanos evidencia que las grandes medidas de ambos tienen un claro cariz económico. «No hay política social posible sin una buena política económica que nos permita crecer y crear empleo, aumentar la recaudación y sanear las cuentas públicas», sostiene el PP.
PSOE y Unidos Podemos, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, hacen del ámbito social un eje de sus programas. Las dos formaciones coinciden en que el momento actual obliga a tomar soluciones de urgencia. El Partido Socialista apuesta por «establecer mediante una ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo» que ofrecerá recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
Unidos Podemos explica en su documento programático común, Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos, que «nada es más urgente que ayudar a las familias que han perdido su casa, a los que han tenido que cerrar su negocio, a quienes lo han perdido todo durante esta crisis». Una apuesta clara, con matices, porque hay otras cuestiones de las que también se indica que «nada es más urgente»: el cambio de gobierno, la protección a quienes tienen «salarios de miseria», la recuperación de la inversión en sanidad pública, poner fin al «robo sistemático de dinero público»... Tienen claro que «un cambio en la política presupuestaria» debe ser la base.
La renta garantizada «para todos los ingresos por debajo del umbral de la pobreza monetaria» es una de las medidas de Unidos Podemos. La cuantifican entre 600 y 1.290 euros, en función del número de miembros de cada «unidad de convivencia».
El Partido Popular basa la mayor parte de sus medidas en la familia, «el centro de nuestras sociedad». Propone «elevar al máximo la política de familia y potenciar todos aquellos servicios, medidas y políticas sociales que las favorezcan», como un plan de incentivo fiscal, con una «atención especial a las familias que peor lo están pasando». El modelo de familia es ideal, al parecer, para marcar distancias. El PP concede especial importancia a las familias numerosas, mientras PSOE y Unidos Podemos dan cabida a las personas que forman parte del colectivo LGBT dentro del ámbito de las unidades de convivencia. Algo más que matices.
En sanidad, nadie discute lo evidente: es un pilar del Estado social. A partir de ahí, discrepancias. Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE coinciden en exigir la cobertura universal y sin copagos. El PP matiza que se han visto obligados a racionalizar la situación en la que recibieron la sanidad, y destacan como ejemplo de despilfarro que el turismo sanitario costaba 1.000 millones anuales. Insiste en dar «la misma sanidad para todos los españoles» y plantea un Plan Nacional de Reducción de Listas de Espera. Ciudadanos puntualiza que limitará las prestaciones de los inmigrantes en situación irregular.
La política de vivienda es también motivo de distinción. El PSOE, atento a las situaciones más urgentes, creará si gobierna una oficina central antidesahucios y pondrá «a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una vivienda» de alquiler social. El PP explica que «seguiremos fomentando el acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente vulnerables, especialmente para hogares con menores y personas discapacitadas o dependientes entre sus miembros». C’s destinará al alquiler social las viviendas procedentes de desahucios. Unidos Podemos, por su parte, habla de la «paralización de los desahucios por motivos económicos probados. Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo y a la reestructuración de la deuda hipotecaria».
Ciudadanos pide un pacto nacional por la educación para un sistema «más equitativo» y la «verdadera gratuidad de la enseñanza», con medidas que incluyen libros de texto gratis. El PP garantiza el derecho al concierto y la elección de centro, público o concertado. El PSOE apuesta por la gratuidad garantizada de la escolarización entre cero y tres años y por la FP como alternativa a ampliar. Unidos Podemos habla de «educación pública, gratuita, laica e inclusiva mediante la ampliación de centros de titularidad pública, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización de Educación Infantil (cero-seis años)». No hace falta casi ni decirlo, pero el futuro de la Lomce depende directamente del resultado de las elecciones.