sábado, 15 junio 2019
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La política educativa no se ha movido del bipartidismo

PSOE y Unidos Podemos y todos los partidos nacionalistas empezarían por derogar la Lomce. El PP quiere salvarla. C’s condiciona cualquier acuerdo a un pacto por la educación

15 jun 2016 / 09:08 h - Actualizado: 15 jun 2016 / 09:09 h.
  • De izquierda a derecha y de arriba abajo: el presidente en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, en una foto de archivo, con jóvenes en un acto del partido; el aspirante del PSOE, Pedro Sánchez, acompaña a sus hijas al colegio; sobre estas líneas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, abraza a una niña, y abajo, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, en un aula. / Efe y Europa Press
    De izquierda a derecha y de arriba abajo: el presidente en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, en una foto de archivo, con jóvenes en un acto del partido; el aspirante del PSOE, Pedro Sánchez, acompaña a sus hijas al colegio; sobre estas líneas, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, abraza a una niña, y abajo, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, en un aula. / Efe y Europa Press
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Si el 20 de diciembre, al ir a votar, los ciudadanos se concentran en lo que ofertan los partidos en materia educativa, deben tener en cuenta varios aspectos: el primero es que en la próxima legislatura regirá una ley estatal de educación (Lomce) que tiene menos de dos años de vida, aprobada en solitario por el PP, con los votos en contra del resto del arco parlamentario y el rechazo casi generalizado de la comunidad escolar.

Si el 26 de junio, al ir a votar, los ciudadanos se concentran en lo que ofertan los partidos en materia educativa, deben tener en cuenta varios aspectos: el primero es que en la próxima legislatura regirá una ley estatal de educación (Lomce) que tiene menos de dos años de vida, aprobada en solitario por el PP, con los votos en contra del resto del arco parlamentario y el rechazo casi generalizado de la comunidad escolar. Esto no lo es todo, porque las competencias en educación están transferidas del Gobierno a las comunidades, pero sí delimita bastante el debate. Muchas de las propuestas que hacen los grupos se pueden aplicar con el actual marco legislativo, y otras necesitarán un cambio de ley.

El candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, propone avanzar en la Lomce. El hecho diferencial de esta norma respecto a las anteriores leyes socialistas es que plantea un sistema escolar que separa a los alumnos buenos de aquellos que tienen más dificultades, agrupados en cursos diferentes y con objetivos distintos: unos encaminados a la formación superior (Universidad, FP) y otros a la incorporación temprana al mercado laboral. PSOE y la coalición Podemos-IU defienden un sistema más proteccionista con las capas desfavorecidas, que no deja atrás a los niños con dificultades económicas y que costea servicios que compensan las desigualdades sociales (becas, comedores escolares, libros gratuitos, guarderías bonificadas...). A los populares, y también al partido de Albert Rivera, Ciudadanos, esto les parece una excusa para «igualar por abajo», «primar la mediocridad», por eso apuestan por un modelo a dos velocidades en el que algunos «sirven» para estudiar y otros no. En ese sentido, y a pesar de la irrupción de dos nuevas fuerzas con un nuevo lenguaje político, el debate educativo en campaña no se sale del tradicional esquema bipartidista (izquierda-derecha), más aun si se observan las medidas a favor de la concertada (PP, C’s) y las apuestas por una escuela laica (PSOE y Unidos Podemos).

Al acudir a votar, debe tener en cuenta que todos los partidos, excepto Ciudadanos (C’s), proponen como primera medida la derogación de la Lomce. Esto tendría tres consecuencias a corto y medio plazo: uno, la paralización parcial de dicha ley –como hizo el primer Ejecutivo de Zapatero con la LOCE, la ley educativa del Gobierno de Aznar–; dos, la vuelta provisional al modelo anterior (la LOE del PSOE contó con el apoyo del resto de grupos, excepto PP, que la rechazó, y CiU, que se abstuvo); y tres, la aprobación de una nueva reforma educativa –la octava en 38 años de democracia– que necesariamente tendrá que surgir de un pacto, dada la previsible ausencia de mayoría absoluta. A priori, un eventual acuerdo entre PP y C’s puede perpetuar la Lomce, que aún no se ha desarrollado en su integridad. Cualquier otra alianza pasa por el rediseño del sistema educativo (IU propone incluso someter a referéndum la futura ley).

Todos los candidatos ofrecen trabajar por un pacto de Estado por la educación que dé estabilidad al sistema. Albert Rivera incluso ha anunciado en campaña que condiciona su apoyo al gobierno a que se firme antes «un pacto por la educación». Pero lo que está centrando la campaña, más allá de la Lomce, es la necesidad de mejorar la profesión docente, algo que requiere de un acuerdo global entre políticos y agentes sociales mucho más amplio y difícil.

Pese a lo que cabe suponer, la estabilidad del sistema escolar no depende sólo de la ley básica: todos los partidos asumen en sus programas la necesidad de mejorar la carrera docente y la formación del profesorado con más prácticas en el aula y con un sistema de evaluación más exigente. El objetivo, dicen, es que a la escuela accedan los más preparados, los universitarios con más vocación para la docencia. Y una vez dentro, que su trabajo sea sometido a una vigilancia y evaluación periódica, que su rendimiento sea analizado, y que rindan cuentas por sus resultados. El Gobierno encargó al filósofo José Antonio Marina el Libro Blanco de la Profesión Docente, que plantea una formación inicial de siete años: cuatro de grado universitario, uno de máster y dos de prácticas retribuidas. El PP quiere incorporar una nueva regulación para la selección y formación inicial de maestros con prácticas pagadas durante dos años en «centros de referencia», con tutores y un acceso homogéneo a la función docente en todas las regiones.

Algo similar propone el PSOE, que recupera su idea de llevar al sistema educativo la formación inicial de los médicos, creando un MIR docente. Así, para ser profesor, tanto de la pública como de la concertada, habrá que estudiar un grado y un máster (cinco años), y aprobar una evaluación estatal para acceder a esos dos años de prácticas remuneradas. C’s también quiere revisar el sistema de acceso a la carrera docente y que haya un «componente significativo» de prácticas remuneradas. Además pide más autonomía para los colegios y que estos puedan seleccionar a sus docentes en función de sus necesidades. Podemos apuesta más por una evaluación de conocimientos específicos, capacitación pedagógica y habilidades profesionales, con un «amplio periodo de práctica y una ponderación de los méritos profesionales y académicos». IU plantea un «cuerpo único de profesorado» a partir de una formación inicial teórico-práctica con rango de postgrado, una medida que también hace suya Podemos.

Todos los partidos coinciden en ampliar la oferta de FP y proponen distintos modelos para acercarla a la empresa y a la Universidad. El PSOE ha dado un paso adelante proponiendo que el Estado garantice la educación hasta los 18 años. IU quiere que sea obligatoria desde los cuatro años, y Podemos ofrece gratuidad y derecho a guarderías para todos (pese a la confluencia, cada formación mantiene su programa). Después de una legislatura en la que gobiernos de PP y PSOE han aplicado duros recortes al presupuesto educativo, todos los partidos aspiran a aumentar y blindar el gasto para educación.


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