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¿Por qué votamos otra vez?

Los partidos anunciaron un nuevo ciclo político tras el 20D, pero la atomización de las Cortes imposibilitó cualquier acuerdo y fulminó la legislatura en 111 días

10 jun 2016 / 08:40 h - Actualizado: 10 jun 2016 / 08:51 h.
  • Los diputados de Podemos se aplauden a sí mismos al término del último pleno de la legislatura fallida. / Efe
    Los diputados de Podemos se aplauden a sí mismos al término del último pleno de la legislatura fallida. / Efe

¿Por qué votamos otra vez? Los españoles fueron llamados a las urnas el pasado 20 de diciembre, siete de cada diez ciudadanos con derecho a voto (25,3 millones) acudió a una cita electoral que pronosticaba un cambio de ciclo político «histórico»: se anunció el fin del bipartidismo clásico y el advenimiento de formaciones nuevas, más jóvenes, con un lenguaje y una cultura democrática distintas. Se anunció el fin de los bloques ideológicos tradicionales –la izquierda y la derecha– que existen desde la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII. La socialdemocracia, representada por el PSOE, mostraba síntomas de agotamiento, y las políticas liberales del PP arrastraban las cadenas de los cuatro años de gestión de la crisis en el Gobierno: duros recortes en el gasto público, extinción de la clase media, caída del salario mínimo, el empeoramiento de las condiciones laborales y temporalidad rampante como remedio a unas cifras de paro desbocadas, los desahucios como epílogo trágico al pinchazo inmobiliario, el aumento de la pobreza...

La undécima legislatura empezó el 13 de enero de 2016 y terminó apenas cuatro meses después, el 3 de mayo. Las Cortes Generales, presididas por el socialista Patxi López, estuvieron en activo 111 días, lo que tardó en resolverse la legislatura más corta de la democracia, la legislatura fallida: sin presidente, sin gobierno, sin leyes, sin acuerdos... El Congreso quedó balcanizado o atomizado o italianizado, adjetivos importados de países donde la fragmentación del voto era una tónica general desde hace décadas. España, tras 40 años de dictadura franquista, se dio a sí misma un sistema electoral que premia la concentración del voto y facilita la polarización en dos grandes bloques: conservadores y progresistas, representados hegemónicamente durante los últimos 38 años por PP y PSOE.

GRAN COALICIÓN

Al romperse el bipartidismo, el presidente en funciones, Mariano Rajoy (virtual ganador de las elecciones), intentó aliarse con su principal rival, el socialista Pedro Sánchez. También eso era un esquema importado de Europa –la Gran Coalición–, una fórmula que estaban utilizando Alemania y Austria. Un gobierno conjunto de socialdemócratas y liberales, enemigos íntimos, buscaba garantizar la estabilidad política y económica necesaria para terminar de sacar a España de la crisis, pensaba Rajoy. «Es la opción más sensata y de sentido común», repitió hasta la saciedad el candidato popular.

La fórmula PP-PSOE era la única opción de sumar mayoría absoluta (176 escaños) sólo con dos partidos. Cualquier otra posibilidad pasaba por el entendimiento entre tres o más formaciones, incluido partidos independentistas. Pero el PSOE acusaba al PP de todos los males sociopolíticos que afectaban a España, y se negó en redondo a entrar o facilitar otro gobierno de Rajoy. El hecho de que las fuerzas del bipartidismo se conjurasen para salvarse mutuamente y seguir gobernando (esta vez juntas), pensó Sánchez, suponía «ir en contra del mandato de los ciudadanos», que habían abierto las puertas del Congreso a nuevas formaciones políticas.

SIN LOS NACIONALISTAS

¿Por qué no funcionó ninguna otra alianza? ¿Qué se había hecho en España hasta entonces cuando las elecciones no habían dado un claro vencedor? Desde principios de los ochenta, el país sólo ha estado gobernado por uno de estos dos partidos: PSOE o PP, bien en solitario –con mayoría absoluta– bien con mayoría simple, apoyándose en formaciones nacionalistas catalanas o vascas. Esta pauta también es consecuencia de la Ley Electoral: los casi 600.000 votos que obtuvo ERC el pasado 20D, concentrados en Cataluña, se tradujeron en nueve diputados; mientras que el millón de votos de IU, esparcidos por toda España, sólo sumaron dos escaños. El nacionalismo, catalán o vasco, siempre ha servido de muleta a un gobierno en minoría, socialista o popular. El 20D también se esfumó esa pauta, por dos razones: los partidos emergentes –Podemos y Ciudadanos– irrumpieron con tanta fuerza que fragmentaron el voto tradicional del PSOE y del PP respectivamente. Lo que antes se dividía en dos, ahora se lo repartían cuatro. Socialistas y populares quedaron tan menguados que ninguno de los dos sumaba con sus socios tradicionales –CiU y PNV– para formar gobierno. Pero aunque matemáticamente hubiese existido esa opción, la otra razón que imposibilitaba el diálogo era la deriva independentista catalana. CiU, ERC y el grupo anticapitalista CUP sustentan un Ejecutivo catalán con una hoja de ruta para desconectarse de España y declarar la independencia.

Pero el 20D aún deparaba más acontecimientos insólitos. Por ejemplo, que el candidato más votado rehusó a intentar formar gobierno, porque carecía de los apoyos suficientes, dijo, y así se lo comunicó al rey Felipe VI. El PP sólo sumaba con el PSOE, Rajoy se negaba a sellar una alianza multipartidista y, en cualquier caso, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario le había dado la espalda. Sin el apoyo socialista, Rajoy decidió no desgastarse y por segunda vez volvió a renunciar a su derecho de investidura.

Pacto PSOE-Ciudadanos

Esa vez fue el segundo candidato en prelación de votos, Pedro Sánchez (PSOE), quien comunicó al rey que intentaría formar gobierno. Los socialistas habían obtenido el peor resultado de su historia (90 escaños), pero su candidato estaba dispuesto a buscar apoyos para ser investido presidente, sumando los votos de fuerzas progresistas y conservadoras. Sin embargo, el líder socialista fue contestado internamente. El PSOE se abrió en canal y dejó ver las disputas internas entre la dirección federal y un sector crítico, liderado por la andaluza Susana Díaz, que prefería ver a su partido en la oposición que aliándose con la formación de Pablo Iglesias. «Podemos quiere destruir al PSOE», anunció Díaz. Los barones dieron luz verde a Sánchez para negociar, pero con un margen muy estrecho: ni pactos con el PP ni con los independentistas catalanes.

Sánchez inició conversaciones con Ciudadanos y con Podemos por separado. Su objetivo era presidir un gobierno que articulase medidas consensuadas a tres bandas, pero fue imposible. La formación de Albert Rivera vetó a la de Pablo Iglesias y viceversa. El discurso de Podemos sobre la transversalidad política se había esfumado tras el 20D, volvían a existir derechas e izquierdas, y C’s era de derechas.

El 24 de febrero, tras varias semanas negociando, Rivera y Sánchez firmaron y escenificaron un pacto de investidura, pero insuficiente, porque entre ambos sólo sumaban 130 votos. Podemos e IU rompieron la negociación con el PSOE. Iglesias demandaba a Sánchez un pacto de izquierdas, sin C’s, pero todas las formaciones progresistas juntas no sumaban mayoría, lo cual llevaba a integrar a partidos independentistas, un tope que el líder socialista no podía rebasar. La mayoría del Congreso votó en contra de la investidura de Sánchez dos veces. No hubo una tercera. Dos meses después, se disolvieron las Cortes, convocándose nuevas elecciones en el plazo legal previsto, el 26 de junio.


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