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Ayer mismo a mediodía era asesinada la última víctima de la violencia de género degollada por su novio en su coche en Fuenlabrada (Madrid). /Kiko Huesca (Efe)
Con motivo del Día internacional para la erradicación de la violencia de género, las ciudades se llenan de carteles que buscan concienciar a la sociedad e informa a las víctimas de recursos de apoyo para buscar salidas a su drama, las radios y televisiones emiten campañas de concienciación, los responsables políticos lanzan mensajes en la misma línea con gestos simbólicos como los lazos morados que ayer lucían los diputados andaluces de todos los partidos en el Pleno del Parlamento en el que, la presidenta andaluza, Susana Díaz, alaba el inicio del camino en las Cortes para aunar a todas las fuerzas en un Pacto de Estado contra esta lacra social. En su coche, con la radio encendida, una mujer de 26 de Fuenlabrada (Madrid) podía estar escuchando todo esto sin sospechar que su novio, de 28, se estaba acercando con la firma intención de convertirla en la víctima número 40 de esa violencia machista que todas esas campañas y políticas tratan de erradicar.
Este crimen, y los 39 anteriores ocurridos en lo que va de año en España (cuatro de ellos en Andalucía), son los más graves y extremos pero apenas suponen la punta del iceberg de un problema social que hunde sus raíces en una forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres en términos de dominio que muchas de estas víctimas padecieron antes de ser asesinadas. Muchas veces en la intimidad pero otras también a la vista de un entorno que, por educación y cultura, normaliza conductas machistas y que lleva a las propias víctimas a minimizar el riesgo. Como esa pelea en junio en el vestíbulo del aeropuerto de Sevilla tras la que Jana, rumana de 32 años, fue asfixiada por su novio que dejó su cuerpo en el maletero de un coche junto a San Pablo. Esas amenazas que hicieron a Teresa, española de 47 años, huir desde Granada a Lepe (Huelva) donde en julio fue a la Policía para alertar de que su ex la seguía molestando horas antes de que su cuerpo apareciera una zona de chabolas de la localidad onubense. O esas agresiones que Stefani, dominicana de 26 años, denunció pero que la jueza enmarcó en una pelea conyugal un mes antes de que el 16 de octubre su marido la apuñalara en su casa de Olivares ante sus hijos de 3 y 5 años.
Tres situaciones distintas con un mismo resultado: el asesinato de tres mujeres por el mero hecho de serlo perpetrado por hombres que las consideran de su propiedad. Tres situaciones que provocan indignación, vergüenza social y la gran pregunta: ¿Cómo evitarlo?
Quienes trabajan a pie de calle con víctimas y agresores tienen claro que la solución es compleja y exige de la coordinación de diversos profesionales pero, sobre todo, «si en general la sociedad va por delante de las leyes, en esto es al revés, es necesario un cambio social», reflexiona la directora general de Violencia de Género de la Junta, Ángeles Sepúlveda.
Con todo, la Junta está reformando la Ley andaluza contra la violencia de género, de 2007, para ampliar el concepto y aplicar los servicios y ayudas a las víctimas de la violencia no sólo en la pareja sino de abuso sexual, ciberacoso, trata, explotación sexual en conflictos armados o la ablación y bodas forzadas de niñas en aras de tradiciones culturales.
La norma andaluza desarrolla la ley estatal de 2004 que tipificó la violencia de género como un delito específico e impulsó la especialización de agentes judiciales y policiales para abordarlo. Las reformas en el tratamiento judicial de este delito requieren modificaciones del Código Penal y actualmente hay varios debates sobre la mesa.
Por un lado, la dispensa a declarar que tiene la víctima cuando el imputado es un familiar. En la violencia de género siempre lo es y el miedo o la presión del entorno lleva a más de una de cada diez denunciantes a acogerse a esta dispensa que, en la práctica, supone la retirada de la denuncia y el archivo del caso. «Es fundamental ayudar a las mujeres para que mantengan la denuncia. Y habría que articular alguna fórmula para que el proceso siguiera adelante. El artículo 416 está haciendo mucho daño, si se retirara, se podría continuar el procedimiento de oficio y la víctima como testigo tendría la obligación de declarar», explica la fiscal de violencia de género de Sevilla Ana Ortiz.
El Pacto de Estado que el pasado 15 de noviembre logró el apoyo unánime de todos los grupos en el Congreso contempla, además de una mayor coordinación entre administraciones para evitar que una «cadena de errores» acabe en muerte, reformas legislativas que generan controversia.
Es el caso de la retirada del régimen de visitas y la custodia de los hijos a los denunciados antes de su enjuiciamiento y condena. El pasado julio, un hombre mató a su bebé en Níjar (Almería) durante una pelea con su mujer y madre del pequeño y los 40 crímenes machistas de este año han dejado 25 huérfanos, entre ellos los dos hijos de Stefani que vieron en directo cómo su padre mataba a su madre. La ley actual permite a los jueces adoptar diversas medidas cautelares ante una denuncia, y una de ellas es la retirada del régimen de visitas, además de la prisión preventiva y, la más habitual, la orden de alejamiento de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella. La propuesta impulsada por el PSOE para el futuro Pacto de Estado es que por ley la suspensión del contacto con los hijos sea automática tras la denuncia, al igual que matizar para los casos de violencia de género la carga de la prueba exigida a la denunciante que impone el derecho a la presunción de inocencia.
La titular del Juzgado de Violencia de Género 3 de Sevilla, María del Rosario Sánchez Aldal, pone el dedo en la llaga del debate que generan estas propuestas: «El juez tiene que proteger a las víctimas pero también los derechos del investigado y es difícil mantener ese equilibrio». Su receta es «estudiar muy a fondo cada caso particular porque para cualquier medida restrictiva los jueces nos tenemos que apoyar en hechos, valorar lo que se denuncia, la personalidad de cada investigado, la relación con los hijos, y eso requiere informes de los equipos de psicólogos, trabajadores sociales, forenses o policías».
La directora del Instituto de Medicina Legal de Granada, Nieves Montero, coincide en la importancia de estudiar el perfil del agresor para valorar el riesgo. Precisamente, el cuestionario que utiliza la Policía para ello ha sido revisado este año tras casos como el de Olivares. Pero Montero insiste en que se basa todo en lo que dice la víctima y al igual que la jueza Sánchez advierte de que ésta «muchas veces minimiza», por lo que aboga por incorporar informes de los forenses sobre el agresor.
Con todo, las medidas de protección que los jueces dictaminan y las fuerzas de seguridad ejecutan son «medidas disuasorias» destaca la magistrada. El aviso de que si se acerca a su mujer puede ir a la cárcel «hace que algunos se lo piensen pero también hay maltratadores condenados que han pasado por prisión y cuando salen reinciden». Castigar a quien mata es posible y se hace, impedir a priori que lo haga es más difícil de garantizar. Por eso, más allá de las herramientas punitivas contra el agresor y de protección a la víctima, los expertos insisten en la prevención y en ello la educación y los avances en igualdad siguen siendo el gran reto para todos.