18 personas, entre ellas la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, se sentarán hoy en el banquillo como acusados en el juicio por el caso Nóos, una de las grandes causas por presunta corrupción de la historia judicial española. Un proceso que empezó hace más de cinco años con la investigación del sobrecoste del velódromo Palma Arena.
Meses de preparativos para que este lunes, a las 9.15 horas, empiece uno de los juicios que más expectación ha levantado en la historia española. El caso Nóos es la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, abierta por el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares del instituto que da nombre a la causa y que presidió durante varios años Urdangarin.
La Audiencia de Palma juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron casi seis millones de las administraciones públicas. Se juzgarán los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
Los más de cuatro años que duró la instrucción del caso, desvelaron el entramado societario urdido por Torres como autor intelectual y Urdangarin, entonces yerno del rey Juan Carlos, como gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios, según el instructor y las acusaciones. Las seis acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de las comunidades balear y valenciana, Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia) coinciden en que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de ingentes cantidades de fondos públicos. Lo hicieron mediante un sistema en el que eludían de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, que fue el uso fraudulento de los convenios de colaboración. De esa manera lograron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.
El modus operandi para adueñarse de lo obtenido consistía en que los fondos públicos que ingresaron el Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), se los repartían Urdangarin y Torres al 50 por ciento mediante varias empresas de su propiedad que usaron como instrumentos para drenar el dinero hacia sus propios patrimonios, presuntamente. La Agencia Tributaria ha calculado que el entramado societario artificial creado por ambos cruzó hasta 425 facturas a Nóos por los pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, por un total de ocho millones de euros entre 2004 y 2008. Además, están acusados de defraudar a Hacienda con esa pantalla que crearon para ocultar las retribuciones de su propia actividad.
Urdangarin y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en paraísos fiscales para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener aun más beneficios fiscales. La supuesta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares. Además, doña Cristina está acusada (solo por Manos Limpias) de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales.
Máxima expectación
Acreditaciones para 590 profesionales de 84 medios de comunicación, asientos para 36 personas que asistirán como público y 120 puestos para periodistas en una sala de prensa, todo está listo en las dependencias de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma para acoger el juicio del caso Nóos. El inusitado interés por el juicio ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares a limitar el acceso de la prensa a la sala de vistas, donde solo habrá 15 periodistas que, al igual que el público, no podrán salir de la sala salvo en los recesos y no podrán llevar consigo ordenador, cámara, teléfono móvil o cualquier dispositivo de grabación.