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n joven pasa frente a graffiti ETA en Mondragó. / EFE
Hace cinco años, a las 19.00 horas, la organización terrorista ETA dio a conocer el comunicado que tantas veces se le había exigido, el que anunciaba el fin definitivo de una trayectoria violenta que había acabado con la vida de más de 850 personas en casi medio siglo.
El comunicado -enviado también en un vídeo con la ya habitual parafernalia de capuchas y txapelas- fue acogido con alivio y escepticismo por una sociedad vasca que ya se había adelantado a la desaparición de ETA, e inició una nueva etapa, ya sin amenazas, pero en la que las heridas siguen abiertas del mismo modo que perduran las discrepancias sobre cómo construir una memoria oficial y compartida de más de cuatro décadas de violencia.
Estos cinco años han confirmado que el anuncio era real: ETA no ha vuelto a matar ni a actuar de ninguna manera y las personas amenazadas en Euskadi han recuperado la libertad y la intimidad secuestrada durante años.
Sin actuar, aunque no haya entregado las armas ni se haya disuelto formalmente, ETA se ha convertido en un elemento residual para los vascos, que la sitúan en los últimos puestos de su listado de preocupaciones, tal y como revelan las encuestas.
Derrotada y descabezada -los lectores del comunicado del 20 de octubre de 2011, David Pla e Iratxe Sorzabal, fueron capturados hace apenas un año- ETA se va diluyendo como un mal recuerdo para la sociedad vasca, aunque diversos sectores políticos, sociales e institucionales tratan de evitar que se imponga el olvido.
La agenda que ETA y la izquierda abertzale plantearon tras el cese de la violencia sigue intacta encima de la mesa. No ha habido desarme, la reparación debida a las víctimas del terrorismo no ha pasado de mera retórica y el Gobierno no se ha avenido a modificar su política penitenciaria, que mantiene como elemento de presión para precipitar la definitiva disolución de una organización que tiene muchos más integrantes dentro que fuera de las cárceles.
Aunque las cifras bailan según quien las aporte, se calcula que actualmente continúan 360 presos de ETA en las prisiones de España y Francia, el 99 % alejados del País Vasco, según los datos de la red ciudadana Sare.
En esta situación, Sortu se ha planteado «vaciar las cárceles» mediante la asunción por parte de los presos de la legalidad penitenciaria para avanzar de grados, una estrategia enunciada y asumida por el colectivo de reclusos (EPPK) en diciembre de 2013, pero que apenas ha tenido desarrollo real porque la mayoría se niega a mostrar arrepentimiento.
La propia Sortu quiso dar ejemplo con un insólito acuerdo alcanzado con la Fiscalía el pasado mes de enero, cuando 35 dirigentes de Batasuna admitieron haber pertenecido a ETA y renunciaron a la violencia para lograr una condena mínima que evitase su ingreso en prisión.
Esta estrategia está abriendo algunas grietas en el seno de la izquierda abertzale, con el surgimiento de ruidosos grupos minoritarios muy críticos con la línea oficial de Sortu y que pugnan por representar a los presos de ETA.
Estas pequeñas escisiones no han tenido apenas repercusión electoral para la izquierda abertzale, mucho más afectada por la irrupción de Podemos y por sus propios errores en la gestión, entre 2011 y 2015, de importantes instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.
Aunque ETA no condiciona ya la política vasca, las heridas continúan abiertas y se manifiestan fundamentalmente en la controversia sobre el relato de lo ocurrido, la construcción de una memoria oficial que sirva de referente para las futuras generaciones.
El papel más activo en este ámbito lo ha protagonizado el Gobierno Vasco, que ha promovido homenajes a las víctimas de ETA y ha elaborado informes sobre los atentados terroristas sin resolver y los casos de torturas, y ha redactado y aprobado una ley para reconocer a las víctimas de abusos policiales en Euskadi, con la oposición del PP y UPyD.
La máxima exigencia se ha situado sobre la izquierda abertzale, a la que la mayoría de partidos reclama una revisión crítica de su pasado y un paso más en la deslegitimación del terrorismo.
Lejos de ello, homenajes a etarras como el tributado el pasado mes en un instituto de Hernani (Gipuzkoa) o incidentes como la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) revelan la persistencia de una cultura de la violencia que costará años desterrar.
Las legislaturas que se abren en España y Euskadi, con nuevas relaciones de fuerzas en ambos parlamentos, constituyen un nuevo campo de juego para tratar de tejer acuerdos y avanzar en un camino que permita cerrar heridas y luchar contra el olvido.