En junio, tras rechazar pronunciarse en el derecho a una última palabra ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que juzga el caso Nóos, la infanta Cristina (Madrid, 1965) confesó al resto de imputados –18 en total–: «Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar este país» –actualmente reside con su familia en Ginebra (Suiza)–. Aunque la hermana del rey Felipe VI parece haber rectificado aquellas palabras estos días –en su reciente visita a Barcelona por motivos laborales se mostró «encantada de estar por aquí»–, está claro que la hija de Juan Carlos I ha vivido uno de sus peores años –y encadena cuatro desde que se destapó el caso–.
Sus abogados, encabezados por uno de los padres de la Constitución Miquel Roca, intentaron en la vista preliminar, el 9 de enero, que eludiera el banquillo acogiéndose a la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien por delito fiscal si solo actúa una acusación popular –sin el respaldo de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria–, pero el tribunal, presidido por Samantha Romero, rechazó este supuesto aunque, efectivamente, solo Manos Limpias mantenía su acusación sobre la infanta. La letrada del pseudosindicato, Virginia López Negrete, la considera «colaboradora necesaria» de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de Aizoon, la empresa que comparten al 50 por ciento. De hecho, el instructor del caso, el juez Castro, el 7 de noviembre de 2014, confirmó su imputación por delito fiscal pero retiró la imputación por blanqueo de capitales, tras tomarle declaración el 8 de febrero de aquel año. En aquella ocasión, Cristina de Borbón y Grecia –a la que su hermano le retiró el título de duquesa de Palma en junio de 2015 precisamente por esta imputación– respondió en 579 ocasiones al juez «No me acuerdo», «No lo sé» o «No me consta». Y no es que este año haya sido mucho más locuaz en su declaración ante el tribunal de la Audiencia, el pasado 3 de marzo, pese a enfrentarse a una petición de ocho años de prisión. La infanta sólo respondió a las preguntas de sus abogados. Sentada en el banquillo de los acusados, la exduquesa de Palma se desvinculó de forma absoluta de la gestión de Aizoon, que supuestamente sirvió para desviar 923.049 euros de contratos públicos del Instituto Nóos y para evadir 337.000 euros a Hacienda en 2007 y 2008. «No tenía firma ni poderes en Aizoon, nunca di instrucciones a nadie de la sociedad», afirmó para reafirmarse en que confía «plenamente» en su marido, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 19,5 años de cárcel, y en mostrarse «convencida de su inocencia».
La detención en abril del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, –junto al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc– por extorsionar a instituciones y personas a las que supuestamente exigía grandes cantidades de dinero a cambio de retirar las querellas que había presentado contra ellos, sirvió de asidero a la Defensa de la infanta para volver a intentar sacarla del banquillo desacreditando a la abogada del seudosindicato. Pero la magistrada Romero rechazó este supuesto en tanto en cuanto no hubiera sentencia sobre este otro caso. Y eso pese a que, entre los chantajeados figura, según fuentes judiciales, la propia infanta Cristina. Manos Limpias reclamó a la defensa de la hija de Juan Carlos I, tres millones a cambio de retirar la acusación contra ella en el caso Nóos. Eso sí, también el juez Castro afirmó que Miquel Roca quiso verle en secreto para tratar el tema de la imputación de la infanta. El juez se negó a esta cita. El abogado niega que llegara a planteárselo.
En cualquier caso, termina el año esperando sentencia. El tribunal ha solicitado ampliar el plazo hasta marzo. No se sabe si lo apurará hasta entonces, pero sí que esta decisión ha permitido que la infanta y su marido pasen estas Navidades en casa, con su familia –tienen cuatro hijos: Miguel, Juan Valentín, Pablo Nicolás e Irene–. Desde que Felipe VI fue entronizado, ya no son Familia Real, pero Cristina de Borbón mantiene sus derechos dinásticos sobre la corona –sexta en la línea de sucesión– y se ha negado a renunciar a ellos porque supondría admitir la culpabilidad sobre los delitos que se le imputan, cuando buena parte de su defensa se basa en que, tanto sus acciones como las de Urdangarin, tenían el visto bueno de la entonces Casa Real, presidida por su padre. De momento, toca esperar.