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El exiministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, sale de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / E.P.
El que fuera escolta y asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre ha quedado libre después de negarse a declarar este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que tenía intención de interrogarle junto a otros tres arrestados por la Guardia Civil en relación al presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El instructor les ha dejado libres después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya reclamado su ingreso en prisión ni el de los otros investigados, que son el hermano del escolta de Ábalos, Joseba García Izaguirre; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe. Sí ha acordado comparecencias periódicas en los juzgados más cercanos a sus domicilios y la retirada de sus pasaportes.
Los arrestados pasaron a disposición judicial a las 10.10 horas de esta jueves en el seno de unas diligencias previas que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Este magistrado analiza las presuntas mordidas que habría cobrado García Aguirre de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en el tiempo que ejercía como asesor del Ministerio de Transportes.
50 millones de euros
Esta firma, que en plena pandemia mantenía una deuda con Hacienda de 269.000 euros por el Impuesto de Sociedades de los años 2012, 2013 y 2014, recibió contratos por más de 50 millones de euros.
Sólo de la Administración central logró adjudicaciones por 40,1 millones de euros, según la denuncia inicial presentada por el Partido Popular, que aceptó la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la detención este martes del hombre de confianza de Ábalos.
García Izaguirre adquirió cinco propiedades en la provincia de Alicante tras la pandemia de por unos importes que no se corresponden con sus ingresos declarados. Según El Confidencial, las comisiones percibidas superan los 10 millones de euros.
En la causa, que permanece secreta, también ha comparecido, en este caso como testigo, el número dos de Interior, Rafael Pérez. Ha declarado en relación a un contrato de 3,4 millones. También ha comparecido su mano derecha, José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios.