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Rajoy, durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este sábado. /EFE
El Gobierno propondrá al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut.
Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.
Según ha explicado, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.
De este modo, el Gobierno propondrá también limitar las funciones del Parlamento catalán y que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, asuma las competencias para convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.
Al amparo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, éstas son las principales medidas aprobadas hoy por Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, y que se plantearán para su aprobación en el pleno del Senado, presumiblemente a finales de la próxima semana.
Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de esas medidas, con las que el Gobierno pretende restaurar el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía.
La propuesta incluye cesar a Puigdemont y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, así como a todos los miembros del Consell de Govern, y que el ejercicio de dichas funciones se encargue a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.
Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que la Cámara no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat y que no pueda celebrar el debate y votación de investidura.
Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.
El parlamento de Cataluña, según Rajoy, ejercerá la función representativa que tiene encomendada «para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución».
Rajoy asume en persona la competencia de disolver el parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas, y espera hacerlo en un plazo de seis meses.