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El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el presidente, Carles Puigdemont, en Tortosa. / Jordi Bedmar (Efe)
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó este viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según anunció el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo. Este acuerdo, propuesto por el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro, no tiene otro objetivo que «impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre».
Según recordó Méndez de Vigo, el Tribunal Constitucional anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum y, «pese a ello», responsables de las instituciones catalanas han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración. El Gobierno ha adoptado así este acuerdo dada la situación de «riesgo» que esto genera y de «incertidumbre» para empresas y ciudadanos para garantizar que «ni un solo euro público» estará destinado a la financiación del referéndum. «El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal», garantizó.
Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.
Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financeros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro. Con esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, «dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad», según detalló el portavoz del Ejecutivo.
Y en caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos.
Al respecto, Ciudadanos apoyó la medida adoptada por el Gobierno de condicionar el pago a Cataluña de las partidas del FLA a que la Generalitat demuestre semanalmente que no destina fondos a la preparación del referéndum independentista. «Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista», han declarado a Europa Press fuentes de la dirección del partido naranja. Al contrario, la diputada del PSC en el Parlament Alicia Romero criticó la «amenaza» del Gobierno central ya que considera que el FLA es necesario para la Generalitat, aunque recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido las partidas de los presupuestos destinadas a organizar el referéndum.
EL INDEPENDENTISMO CAE A DOS MESES DE LA CONSULTA
Los partidarios de la independencia de Cataluña siguen a la baja a dos meses del anunciado referéndum. Los contrarios a la secesión de Cataluña aumentan respeto a marzo, al pasar del 48,5 al 49,4 por ciento, mientras sus partidarios caen casi tres puntos hasta el 41,1 por ciento, según un sondeo de la Generalitat, lo que agranda la distancia entre ambas opciones a dos meses del 1 de octubre.
Si se celebrasen esos comicios en la actualidad, la mayoría absoluta de JxSí (PDeCAT y ERC) y la CUP peligraría, pues sumarían entre 66 y 71 escaños (está en 68), mientras que Ciudadanos sería segunda fuerza (20-22), seguida de PSC (17-20), Catalunya Sí Que Es Pot (15-17) y PPC (11-13). Estos datos del último Barómetro de Opinión Política los presentó ayer el director del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, Jordi Argelaguet.
En cuanto al apoyo a la independencia, Argelaguet indicó que el «ligero» incremento de los contrarios a ella no es «significativo en términos estadísticos», pero en cambio sí que lo es, a su juicio, el retroceso de casi tres puntos de los partidarios de la secesión, de 44,3 por ciento al 41,1 por ciento, llegando a niveles de hace cuatro años.
La pregunta sobre si «quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente» la plantea el CEO de forma ininterrumpida desde el diciembre del 2014 y, en ese periodo, los favorables a la independencia nunca habían estado en un nivel tan bajo, pues su peor registro previo fue en junio de 2015 (42,9%), precisamente cuando los detractores llegaron a sus mejores números (50%).