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Lazos amarillos en la primera fila de un acto de Esquerra Republicana, ayer en Barcelona. / Efe
Amortizado ya el debate social sobre la exhumación de Franco, el Gobierno echó a volar ayer a través de su delegada en Cataluña un nuevo tema polémico mientras se negocian los Presupuestos del próximo ejercicio –que ahí es donde se la juega de verdad Pedro Sánchez con sus alianzas inestables para quedarse en la Moncloa: el posible indulto a los políticos catalanes presos. Idea que, dadas las circunstancias y cuando aún no ha habido ni juicio, tiene tanto de globo sonda como de expresión de afecto hacia la parte más levantisca de sus socios accidentales. Un refuerzo al planteamiento parecido que hizo la semana pasada la ministra de Politica Territorial, Meritxell Batet.
Ayer no fue esta, sino la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien en una entrevista con Catalunya Radio se mostró partidaria del indulto a los líderes independentistas, en caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo, aunque recordando que los procesados «tienen que pedirlo». «Si se pide, soy partidaria, claro», dijo.
Cunillera celebró que el Gobierno de Pedro Sánchez haya permitido, a su juicio, que «el ambiente, la atmósfera en Cataluña, entre los ciudadanos, sea mucho más tranquila» y haya abierto «una expectativa en positivo» de un entendimiento entre los ejecutivos español y catalán y de una «convivencia mejor». De todos modos, las demandas que plantea el presidente autonómico, Quim Torra, «no las contempla la Constitución y es imposible incluirlas en un ámbito constitucional».
«Nosotros ofrecemos una reforma de la Constitución, ofrecemos una profundización en el autogobierno de Cataluña. Ofrecemos cosas que de entrada el Govern de la Generalitat dice que no, pero creo que en general ellos saben que este es el camino», recalcó, par añadir que descarta una nueva activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, «si no se quebranta la ley».
Como cabía esperar, hubo reacción. El líder del PP, Pablo Casado, no tardó en calificar de «muy grave» la postura de la delegada Cunillera. «Urge cambiar este Gobierno», dijo el popular, «porque es rehén de los votos de los independentistas en la moción de censura». Casado ve todo esto como una muestra de que «cada día que pasa es peor y el Gobierno sigue cediendo al chantaje en Cataluña: ahora es la delegada y la semana pasada era la ministra de Política Territorial (Meritxell Batet)», que afirmó que «sería mejor que no hubiera (políticos) presos para poder hacer política en Cataluña». «Hoy la delegada dice que ojalá esos presos fueran independentistas», agregó.
El caso es que la delegada del Gobierno matizó algo su postura, comentando luego que «cualquier especulación sobre lo que deba suceder después de la sentencia es prematura». Y la citada Batet también quiso aportar su granito de arena al asunto comentando esto: «Desde el Gobierno expresamos todo el respeto a las decisiones judiciales y, en cualquier caso, no anticipamos escenarios que no sabemos cuándo se darán y si se darán».
«No hago valoraciones sobre declaraciones, lo que digo es que nuestra posición es respetar la independencia del poder judicial, dejarlos trabajar y no avanzar escenarios», añadió la ministra. Ya de paso, se dirigió al Gobierno de Cataluña, a quien le recomendó que «haría bien en trabajar por el conjunto de la sociedad catalana, con el objetivo de mejorar la vida de personas». ~