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Carles Puigdemont y los cinco diputados catalanes en prisión: Oriol Junqueras, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Sànchez y Jordi Turull. / Efe
El juez que instruye la causa abierta por el procés, Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todos procesados por rebelión.
Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», el procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.
Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente recurrir en reforma y en apelación el auto de procesamiento.
Llarena considera «obligado» comunicar al Parlament que los seis diputados procesados «han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal», si bien el juez no apercibe en su escrito a la cámara catalana en caso de incumplir este dictamen.
El instructor explica que la medida de suspensión es automática y deja al Parlament la posibilidad de que los procesados suspendidos pueden ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.
En su auto de conclusión de sumario, el juez señala que dicho artículo configura «una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria» que persigue «preservar el orden constitucional».
Y añade: «Impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, en los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función publica de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad».
Con todo, recuerda que se trata de una medida provisional, que quedaría sin efecto en caso de que no se les acusara de rebelión o quedaran en libertad provisional, lo que supondría la inmediata reactivación de sus derechos.
Por su parte, el Govern denunció que la suspensión de seis diputados decretada por el juez Pablo Llarena pretende «alterar mayorías» en el Parlament, mientras que el grupo de JxCat ha pedido que sea la Cámara quien decida si aplica esa suspensión.
Si bien el presidente de la Generalitat, Quim Torra, salió el pasado lunes de Moncloa satisfecho por haber podido al menos hablar con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, del conflicto catalán desde la política, pese al desacuerdo sobre el procés, hoy los soberanistas han recibido un revés por parte del magistrado Pablo Llarena.
La consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, en la misma línea, denunciaron lo que creen una «voluntad de adulterar las mayorías parlamentarias».