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Imagen del pleno del Parlamento Europeo. / EFE
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas necesarias para poner freno al «intolerable número de desahucios» que se producen en España, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea que vigile que los Estados miembros aplican la nueva normativa europea sobre préstamos hipotecarios, para evitar abusos del sector bancario.
La Eurocámara ha tomado esta posición en una resolución (aprobada por 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones) que fue redactada a raíz de varias quejas de ciudadanos europeos, en su mayoría españoles, sobre las leyes hipotecarias en la UE y los instrumentos financieros de riesgo, como las preferentes.
En el texto, los eurodiputados apuntan que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido «mayoritariamente ignorado» por los bancos, por lo que ha tenido un efecto «limitado» a la hora de frenar el número de desahucios o favorecer alternativas como la dación en pago.
Según los datos que recoge la resolución, en España se han producido unos 400.000 desahucios entre el inicio de la crisis en 2008 y el primer trimestre de este año.
Otra de las cuestiones sobre las que alerta la Eurocámara es el número de víctimas de fraude financiero en España, en referencia a la venta que juzga «desleal» de productos financieros de riesgo a 700.000 españoles, a los que sus entidades no informaron adecuadamente de los riesgos de la operación.
En este sentido, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que supervise la correcta aplicación en España de la normativa comunitaria en materia de instrumentos financieros, y que compruebe las denuncias recibidas y evalúe los resultados del sistema de arbitraje.
También confía en el Ejecutivo comunitario para presentar propuestas legislativas para regular las insolvencias de las familias.
La comisaria de Consumo, Vera Jourova, ya dijo el pasado lunes que Bruselas es consciente de la «difícil situación» de muchos españoles por esta cuestión, pero consideró adecuadas las medidas del Gobierno para proteger los derechos del consumidor. Con todo, Jourova recordó que el Ejecutivo comunitario está examinando la información remitida por las autoridades españolas en el mes de junio sobre el cumplimiento de la directiva sobre condiciones contractuales.
PP VE MOTIVOS ELECTORALISTAS
Tras la adopción del texto, la eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha criticado la «motivación electoralista» que, a su juicio, ha movido a «los partidos de izquierda» a llevar un asunto «puramente español» al pleno de la Eurocámara.
Estarás, además, ha subrayado que la resolución «no es vinculante» y que ha sido adoptada en una votación «muy dividida». Si bien apunta que el problema por los préstamos hipotecarios y los desahucios se lo «encontró» el Gobierno al tomar posesión y ha tomado medidas para mitigarlo desde entonces.
«La propia resolución reconoce, en sus considerandos F y G, la positiva labor realizada por el Gobierno español para corregir esa problemática y proteger a los ciudadanos», ha afirmado la eurodiputada ‘popular’.