El PSOE rescata el debate de la muerte digna
La norma aprobada en mayo de 2011 buscaba proteger la dignidad de las personas enfermas en fase terminal o en situación de agonía, así como garantizar el “pleno respeto de su libre voluntad” en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.
El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso una proposición de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida con la que pretende recuperar el proyecto de ley de ‘muerte digna’ que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a propuesta de su ministra de Sanidad Leire Pajín.
Aprobada en Consejo de Ministros en mayo de 2011, la norma pretendía proteger la dignidad de las personas enfermas en fase terminal o en situación de agonía, así como garantizar el “pleno respeto de su libre voluntad” en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.
Sin embargo, tras remitirse en junio de ese mismo año al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, quedó aparcada después de que Zapatero decidiera adelantar la convocatoria de elecciones generales a noviembre.
Cuatro años después, y coincidiendo también con el último tramo de la legislatura, el PSOE recupera el tema mediante una iniciativa que, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, pretende reconocer los derechos de las personas “en el proceso final de su vida” y definir un marco de actuación para los profesionales sanitarios que les atiendan.
“Se trata de que, con suficiente certeza jurídica y precisión de las obligaciones que su respeto comporta, todos los ciudadanos puedan sentirse protegidos por ese conjunto de derechos ante un trance personal que puede resultar tan difícil”, explican los socialistas en su exposición de motivos, en la que también defienden la necesidad de que los profesionales sanitarios se sientan “amparados por un marco normativo que proyecte seguridad jurídica sobre las prácticas y el tratamiento asistencial que les dispensen”.
Además, recuerdan que algunas comunidades, como Andalucía o Aragón, ya han regulado esa materia “con desigual extensión”, por lo que pretende establecer una norma “estatal básica” que reconozca un haz de derechos “con independencia del territorio o de la Administración sanitaria encargada de velar por su tratamiento en el proceso final de la vida”.
Al igual que la norma impulsada entonces por Zapatero, en esta ocasión el texto “no pretende incluir entre los derechos consensuados de los pacientes en el proceso final de su vida el de ser sujeto de la actuación conocida como eutanasia”.
La proposición de ley define como proceso final de la vida la presencia de un pronóstico vital “reducido en el tiempo e irreversible”.
Además, define la declaración de derechos de estas personas en torno al derecho a la toma de decisiones, que presupone, como ha afirmado el propio Tribunal Constitucional, el derecho a una información completa, clara y comprensible.
Junto a esa información, los elementos de falta de capacidad que pueden darse en los pacientes en razón de su minoría de edad o de su estado físico y cognitivo, requieren una serie de precisiones e instrumentos específicos, que van desde la existencia de representante a la previsión de las llamadas instrucciones previas y sus formas de modificación.