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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una foto de archivo. EFE
El PSOE se rompió la tarde de este miércoles. La guerra soterrada que desde hace meses combatían el secretario general, Pedro Sánchez, y la presidente del PSOE andaluz, Susana Díaz, saltó este miércoles al escenario de forma pública al campo de batalla. A pecho descubierto, a tumba abierta, sin miedo y puede también que sin medir exactamente qué pensaran los ciudadanos españoles de que un partido que quiere gobernar España –y es muy probable que haya elecciones dentro de dos meses– esté ofreciendo este espectáculo. De momento, ninguno de los tenientes generales han pasado a la primera línea de batalla, pero sí sus generales. Por parte de Sánchez, César Luena, secretario de Organización del PSOE; por parte de la andaluza, Antonio Pradas, secretario de Política Federal y número tres del partido socialista.
La mecha que llevaba mucho tiempo ardiendo hizo explotar la bomba a primera hora de la tarde. 17 críticos con la gestión de Sánchez entregaron en la sede de la calle Ferraz sus cartas de dimisión de la Ejecutiva Federal del partido para forzar su cese. Los encargados de entregar las firmas fueron junto a Pradas, y número tres del partido, y Eva Matarín, secretaria de Inmigración y afín al exdirigente madrileño Tomás Gómez.
El paso dado por las críticos tiene lugar tres días antes del Comité Federal en el que se iba a someter a votación la propuesta de Sánchez de celebrar el Congreso del partido en diciembre y las primarias para la elección del candidato a la Presidencia el 23 de octubre. Según los Estatutos del PSOE, si dimiten «la mitad más uno» de los miembros de la Ejecutiva se tiene que celebrar un Comité Federal extraordinario para nombrar una nueva dirección del partido, lo que se interpretaría como el relevo del secretario general.
En el Congreso socialista celebrado en julio de 2014 se eligió una Ejecutiva liderada por Sánchez y compuesta por otros 37 miembros. De ellos, tres ya no pertenecen a la Ejecutiva –el fallecido Pedro Zerolo, el gallego José Ramón Gómez Besteiro y el canario Javier Abreu– lo que provocaría que con 17 dimisiones se podría forzar la salida de Sánchez.
Entre los dimisionarios, y además de Antonio Pradas y Eva Matarín, figuran la presidenta del PSOE, Micaela Navarro; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; la secretaria de Relaciones Internacionales, Carme Chacón, y el exdirigente madrileño Tomás Gómez.
Además, María José Sánchez Rubio, Mariluz Rodríguez, José Miguel Pérez, Manuela Galiano, Noemí Cruz, Francisco Pizarro, Juan Pablo Durán, Ascensión Murillo, Carlos Pérez y Estefanía Martín.
Pero si el partido parecía que se podía romper, quedó completamente dividido poco después. La dirección del PSOE rechazó –apelando a los estatutos– la interpretación de los críticos de que la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva conduzca a una comisión gestora y además sostuvo que la normativa en vigor del partido «no prevé la existencia de una gestora en el ámbito federal».
La interpretación de los estatutos que hacen la dirección y los críticos también difiere en cuestiones como contabilizar o no entre los dimitidos al fallecido Pedro Zerolo y a otros dos miembros de la ejecutiva que se dieron de baja por distintos motivos.
Dentro de la guerra estatutaria en que se han sumido los partidarios de Sánchez y los críticos –que ya no reconocen la legitimidad de la ejecutiva– éstos sostienen que con las dimisiones que ha habido los acuerdos que se tomen este jueves no serían válidos, al considerar que no habrá el «quorum» de la mitad más uno que establecen las normas.
Así de tajante lo explicó Pradas al afirmar que la Ejecutiva Federal ya no está «legitimada» porque tras la dimisión de 17 de sus miembros «queda disuelta». En su comparecencia en la calle –según dijo, no le dejaron entrar en Ferraz–, explicó que «lo que tiene que hacer ahora el «compañero Luena», porque ya no le reconoce como secretario de Organización, es cumplir la ley, insistiendo también en pedir que se restablezca la «normalidad».
De momento, Sánchez ha convocado para este jueves la Comisión Ejecutiva Federal, sin los vocales dimisionarios, para convocar un Comité Federal que convoque la asamblea extraordinaria para elegir a la nueva dirección. Sigue el desafío.