La España crucial no se debate

Teruel existe. Y la Ciencia. Y Jaén. Y los parados de larga duración. Y Cáceres. Y las familias sin ingresos. Y Salamanca. Y el siempre postergado pacto para mejorar la Educación. Y La Rioja. Y la situación tercermundista de la Justicia. Y Tarragona. Y el tremendo desequilibrio demográfico por inducir un modelo sociolaboral que causa la tasa de natalidad más baja del mundo. Y Albacete. Y la imposibilidad de garantizar en el futuro pensiones para todos con el actual sistema. Y Lugo. Y el éxodo forzoso de miles de jóvenes talentosos rumbo a otros países que están encantados con el hispánico desdén hacia las mentes mejor amuebladas y más resolutivas. Éstas, y otras muchas más, son las realidades cruciales y censuradas de España en cualquier hito relevante que se celebra con luz, taquígrafos y cámaras de televisión en el Congreso de los Diputados.

Ni las sesiones de investidura, ni los debates sobre el estado de la nación, ni las mociones de censura obligadas a proponer un programa de Gobierno alternativo, se dedican a resolver la provincia de las Administraciones Públicas con exceso de burocracia duplicada y con falta de policías. La provincia de los territorios vacíos, con menos población por kilómetros cuadrado que Laponia o Siberia. La provincia de los misteriosos sobrecostes de la energía, de la telefonía y de internet para el bolsillo de la ciudadanía, en comparación con lo poco que pagan los habitantes de estados europeos con más renta per capita. Den por seguro que, por desgracia, no se va a salir de esa inercia el envite planteado por Pedro Sánchez para acelerar el final de la era Rajoy en La Moncloa. Tanto monta, monta tanto.

Esta semana de vértigo político y excepcional incertidumbre, pues nadie las tiene todas consigo sobre las sorpresas que depararán las negociaciones entre bambalinas para traicionar a última hora cualquier pacto a favor o en contra, va a suscitar en el hemiciclo parlamentario un cúmulo de encrespados enfrentamientos basados en manidos argumentarios. Lo importante no se va a sustanciar en la escenificación de réplicas y dúplicas desde la tribuna o desde los escaños, sino en los mensajes por WhatsApp que compartan quienes en cada partido tienen la encomienda de librar este pulso por el poder.

El artículo 113 de la Constitución española establece la moción de censura como importante mecanismo parlamentario de contrapoder al Ejecutivo. Pero a condición de articular una mayoría absoluta para coger el timón de la gobernanza y enderezar el rumbo de la patria. Si el detonante de esta moción de censura contra Rajoy es la sentencia condenatoria por la corrupción urdida dentro y fuera del PP para aprovecharse del control de autonomías y ayuntamientos, y se considera que es la gota que colma el vaso del hartazgo popular sobre la cultura del pelotazo a la sombra del poder, a Sánchez le van a cantar las cuarenta varios portavoces sobre cómo y cuánto el PSOE es también parte del problema.

Sin ir más lejos, en Andalucía, donde esta semana aún nadie ha pedido perdón tras escucharse alto y claro, en el juicio del caso ERE, el testimonio de María José Rofa, que trabajaba en la Dirección General de Empleo. La cantidad de detalles que ha ratificado ante el tribunal sobre el ominoso manejo del dinero público en la región española con más parados, y sobre la ocultación de los chanchullos por parte de posteriores altos cargos cuando la paz social devino en escándalo, son una moción de censura a la corrupción revestida de buenismo.

Para más inri, sufrimos el protagonismo de los nacionalistas catalanes y vascos para pescar en el río revuelto de esta moción de censura. Apología del agravio comparativo. Y mercadeo de votos estando en liza los golpistas que abanderan la corrupción más sistémica que existe entre nosotros: La que ideó Pujol y ahora encarna Puigdemont.

Mucho de lo que se va a decir en el Congreso de los Diputados sonará a día de la marmota. A lo que ya se echaban en cara Zapatero y Rajoy hace una década. Todo refleja la grave crisis institucional que padece España por el inmovilismo de su partitocracia. Antes bipartidista y ahora de cuatripartito, encantada de jugar a bloquearse mientras tienen garantizado a final de mes su sueldo, y su hipoteca en Galapagar. Entretenida en vivir por y para las elecciones, pero a costa de hacerle perder al país el tiempo histórico de modernizarse profundamente en la era de la competitividad global.