La posición de la Junta de Andalucía sobre el desafío independentista catalán no se va a mover una pulgada de la posición institucional que una y otra vez ha puesto sobre la mesa la presidenta Susana Díaz en sus últimas comparecencias. Cualquier oscilación en este asunto, por leve que sea, produce una sacudida de dimensiones considerables. Se comprobó el lunes después de que el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, no tuviera más remedio que contextualizar las manifestaciones del domingo al mediodía del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, cuando consideró «proporcionadas» las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
«Fuera de la ley y por encima de la ley no hay democracia», dijo el lunes Susana Díaz y repitió ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco. La Junta de Andalucía ha optado, como medida preventiva, por ponciopilatarse, en todo aquello que no le compete, que es casi todo. Así, azuzó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que apechugue con su responsabilidad en Cataluña, una posición próxima a la que ha defendido en los últimos días el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «todos estamos esperando a que el presidente Rajoy explique qué pasos hay que dar ante una situación que genera enorme desazón entre los ciudadanos», apuntó el portavoz del Gobierno. Blanco también quiso dejar claro que el Ejecutivo andaluz «no iba a hacer elucubraciones», ante una cuestión en la que la responsabilidad recae en el Gobierno de la nación.
La misma actitud toma la Junta en la actuación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «quien tiene que dar las explicaciones de lo ocurrido el domingo es el Gobierno central, nosotros, como cualquier otra institución de este país, estamos a la espera de esas explicaciones». El Gobierno andaluz sí quiso mostrar su solidaridad «firme y rotunda» con los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, «y con todos aquellos que sufren situaciones de acoso en Cataluña».
De momento, el PSOE-A no se ha pronunciado sobre la petición de dimisión del presidente del Gobierno, que ha pedido el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ni la propuesta del grupo parlamentario en el Congreso de solicitar la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por ser la responsable de la actuación de la Policía y la Guardia Civil durante el pasado domingo.
«Huida hacia adelante»
El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró ayer que el gobierno de la Generalitat «está inmerso en una peligrosísima huida hacia delante» y que sus dirigentes «ya no escuchan a nadie, ni siquiera a una parte importantísima del pueblo de Cataluña».
De la Policía y la Guardia Civil afirmó que «han demostrado a lo largo de muchos años su profesionalidad y su buen hacer en defensa de los principios constitucionales y el cumplimiento de la ley para que podamos convivir».