Los 10 retos de Rajoy tras la investidura

Unos nuevos Presupuestos para 2017, la amenaza de más recortes, reformas varias y el desafío independentista son los deberes más inmediatos que deberá afrontar el Gobierno

30 oct 2016 / 08:00 h - Actualizado: 31 oct 2016 / 07:15 h.

Mariano Rajoy junto al diputado del PP Javier Maroto a la salida del Congreso. / Ballesteros (Efe)

España salió este sábado del bloqueo institucional en la que vive sumida desde hace 313 días. Si la formación de gobierno ha supuesto un desafío titánico que ha necesitado la celebración de dos elecciones generales en menos de seis meses y la implosión del PSOE para poner fin a prácticamente un año de interinidad, el camino que tiene que recorrer el nuevo ejecutivo durante los próximos meses se antoja tanto o más espinoso.

En el discurso de investidura del pasado miércoles, el todavía presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que aspira a que la legislatura dure cuatro años. Este será sin duda uno de los principales caballos de batalla a los que tenga que enfrentarse el líder del PP. Y no es precisamente uno cualquiera. Rajoy y su equipo han funcionado como una apisonadora amparados en la mayoría absoluta que han disfrutado hasta el pasado 20 de diciembre. Un escenario radicalmente distinto al que vivirán a partir de la próxima semana.

La atomización del Congreso de los Diputados obligará a la formación conservadora a buscar apoyos continuos y constantes para la aprobación de cuantas leyes lleguen a la Carrera de San Jerónimo. Desde los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el objetivo más urgente e inmediato, hasta las distintas reformas estructurales que están aún en el tintero. La capacidad de diálogo de Rajoy y los suyos marcará la gobernabilidad y, por tanto, determinará la estabilidad del Ejecutivo. Es más que previsible que en esta travesía el PP se apoye fundamentalmente en Ciudadanos para sacar adelante los diferentes proyectos. Sin embargo, requerirá los votos de otros grupos. Una geometría variable que supondrá un verdadero reto para el presidente que más decretos-ley –norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que medie intervención o autorización previa del Congreso– ha firmado en una sola legislatura.

Pero Presupuestos y gobernabilidad son sólo dos de los muchos desafíos a los que se tendrá que enfrentar el Gobierno. A continuación detallamos una decena de los mismos que por su trascendencia social, económica y política Rajoy deberá de abordar de forma inmediata poniendo en práctica un nuevo talante político.

PRESUPUESTOS
Un nuevo Presupuesto con un ajuste de 5.500 millones

La Comisión Europea ha sido la primera en poner deberes al Gobierno: unos nuevos Presupuestos para antes de que finalice el año. La situación de bloque político que se ha dilatado durante más de 10 meses obligó al Ejecutivo a prorrogar las cuentas de 2016 –solo actualizó las variables económicas– ante la zozobra de Bruselas. Una situación que el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) quiere corregir cuanto antes por temor a otro desvío del déficit que Madrid cuantificó en el 3,6% del PIB para 2017 frente al 3,1% previsto por los organismos comunitarios. Una derivación de medio punto que obligará a incluir en las nuevas cuentas un tijeretazo de 5.500 millones.

Un recorte que puede llegar desde dos vías: reducir el gasto público o aprobar una subida de impuestos. Cualesquiera de dichos caminos exigirá una importante labor de negociación para lograr el visto bueno del Congreso.

CATALUÑA
En busca de una solución política para el desafío soberanista

El conflicto catalán se ha recrudecido en la última legislatura a niveles sumamente preocupantes. Circunstancia que ha puesto en cuestión la unidad de España y abierto, por tanto, la mayor crisis política de la democracia. La falta de entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat ha terminado (por el momento) en los tribunales sin que ambas partes se hayan sentado a dialogar. En los últimos años la ruptura de las relaciones ha sido total. Mientras tanto el balón soberanista sigue engordando –el Parlamento autonómico aprobó el pasado julio la desconexión de España–. En su discurso de investidura, Rajoy pidió el concurso de las principales formaciones políticas para defender la unidad de España.

Una unidad que demandará la puesta en marcha de reformas institucionales.

FINANCIACIÓN
Un nuevo modelo de financiación para las autonomías

El modelo de financiación autonómica, que se aprobó durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido motivo permanente de fricción entre el ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las comunidades. La crisis económica dejó obsoleto el modelo nada más entrar en funcionamiento. Y es que el actual sistema resulta demasiado complejo por la existencia de los fondos –la diferencia entre lo que recauda una región y lo que en teoría debería gastar– y el cálculo de lo que deben aportar a cada autonomía. A ello se suma que las comunidades tienen poca capacidad recaudatoria, en manos del Estado, que liquida con dos años de retraso en base a unas entregas a cuenta que normalmente no encajan con la realidad: descuadrando las cuentas de las regiones cuando resultan negativas.

CONSTITUCIÓN
La reforma de la Carta Magna, otra asignatura pendiente

En los últimos cuatro años Mariano Rajoy y el PP se han mostrado reacios a abrir tan siquiera el debate sobre la reforma de la Constitución más allá de la reforma del Senado. Una cuestión que a buen seguro consumiría buena parte de la legislatura con un escaso rédito electoral para el partido en el poder. Ni tan siquiera la amenaza independentista de Cataluña ha hecho al Gobierno moverse un ápice.

Si bien es cierto que tanto en este tema como en otros asuntos de máxima importancia –la despolitización de la Justicia, el fin de las puertas giratorias, los cambios en la ley electoral...– el grado de coincidencia entre los cuatro grandes partidos –PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos– resulta bastante difuso cuando se baja al detalle. Un asunto peliagudo dado las amplias mayorías que necesitan este tipo de cambios.

GOBERNABILIDAD
Lograr la estabilidad en un Congreso atomizado

Si la aprobación del nuevo Presupuesto es importante, garantizar la estabilidad del Gobierno es lo más urgente. Y una de las grandes misiones a las que tendrá que hacer frente el líder gallego. Especialmente después de cuatro años en los que el PP ha sido un auténtico rodillo en el Congreso. Muestra de ello son las reformas de Educación, de seguridad o del mercado laboral, fuertemente contestadas dentro y fuera de la Carrera de San Jerónimo. Ni la oposición ni las manifestaciones han hecho retroceder al actual presidente en funciones. Una situación que ahora da un giro de 180 grados. Desde esta próxima semana el Ejecutivo tendrá que cerrar con al menos otros dos grupos la aprobación de cualquier ley. Un juego de equilibrios que pondrá a prueba la versión más dialogante de la formación conservadora.

EDUCACIÓN
La Lomce en el punto de mira de la calles y toda la oposición

Tras una legislatura marcada desde el punto de vista educativo por la llamada ley Wert o Lomce, aprobada con los votos en contra de la oposición y el rechazo mayoritario de padres, alumnos y profesores, Rajoy ofreció en su investidura un Pacto Nacional por la Educación. Un acuerdo que los distintos partidos han sido incapaces de alcanzar en las últimas cuatro décadas. Una situación que ha motivado que en estos 40 años se hayan aprobado hasta siete reformas educativas distintas sin que alguna de ellas pusiera solución a graves problemas estructurales como el abandono escolar. Pese a los avances alcanzados recientemente.

Rajoy abogó por un modelo estable que garantice la igualdad de oportunidades y que aborde un estatuto de personal docente, la gobernanza de las universidades, un plan contra el fracaso escolar y un impulso a la FP. El objetivo: tener un pacto en seis meses.

SEGURIDAD SOCIAL
Menos fondos de reserva en la hucha de las pensiones

El propio Ejecutivo en funciones ha hecho saltar las alarmas al admitir ante la Comisión Europea que la llamada hucha de las pensiones sólo tiene fondos garantizados hasta diciembre de 2017. Una realidad que pone de manifiesto la necesidad imperiosa de convocar la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo con el fin de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias que fortalezca y garantice el sistema público de pensiones.

Según los cálculos del propio Ejecutivo, la Seguridad Social registrará un déficit del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017. Una desviación de casi 19.000 millones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que a cierre de 2015 contaba con 32.481 millones, se quedará en poco más de 13.500 millones a finales del presente año.

EMPLEO
A debate el paro estructural y la precariedad laboral

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicada a comienzos de semana dio una tregua al Gobierno: la tasa del paro en España cayó al 18,9%, su nivel más bajo desde el inicio de la crisis. No en vano, la evolución de los ocupados aumentó un 1,2% este pasado verano, lo que supone el mayor incremento desde 2005. Pero detrás de estas cifras se esconde una letra pequeña que en parte explican la menor recaudación de la Seguridad Social pese al crecimiento de empleo de los últimas meses: en el mismo periodo la temporalidad subió hasta niveles que no se veían desde 2008. Ya hay un 27% de los asalariados con contrato temporal y precario.

Estadísticas que obligan a cuestionar la actual reforma laboral y abordar nuevas políticas en el aparato productivo así como en la inversión I+D+i.

BREXIT
Un divorcio con muchos intereses económicos en juego

Si el desafío soberanista catalán es la crisis política más grave de la democracia española, la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea (UE) es la mayor convulsión que ha vivido el continente desde la Segunda Guerra Mundial. El Brexit sumergirá en unas arduas negociaciones a ambas partes con un importante coste económico para el Reino Unido, la UE y también para España. No en vano el mercado británico es uno de los más importantes para el país. Por ello, el próximo Ejecutivo tendrá que mojarse en unas conversaciones que se muy complejas.

Pero no sólo desde el punto de vista financiero, también político. La situación de Escocia y su posible inclusión como estado miembro puede resultar un antecedente «peligroso» para la causa independentista abierta en Cataluña.

PRESTIGIO
Recuperar parte del respeto mundial perdido

El bloqueo político de los últimos 314 días ha tenido un coste económico, político, social y también de prestigio para España. La falta de un gobierno con plenos poderes ejecutivos ha sembrado las dudas de los principales organismos internacionales. Desde la Comisión Europea hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) han mostrado durante todo este tiempo una honda preocupación por la deriva política y financiera de nuestro país. A finales del verano España se libró, con la ayuda de Alemania, de una multa millonaria por el desvío en el déficit público. Una deriva que Rajoy y su nuevo equipo deberán corregir cuanto antes.

Una labor en la que tendrán que implicarse los Reyes, que se han visto obligados a suspender importantes viajes de Estado por la interinidad del Ejecutivo.