Los expertos abogan por una solución política al conflicto

Es posible encontrar una solución al problema de Cataluña, aunque para ello es necesario que se inicie un diálogo por parte del Gobierno porque la solución está más en la parte política que en las leyes y en la Constitución.

Lo que sí tiene claro el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez-Ossorio es que la consulta separatista que ha planteado el gobierno catalán «no se puede hacer porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no». Pero esta decisión, según argumenta el experto, no tiene su fundamento «en un capricho» ya que el Estado es quien tiene la competencia para convocar un referéndum, y no las comunidades autónomas «que no pueden hacerlo ni aunque la consulta tenga el carácter de consultiva». En este sentido el experto recordó que para que se pudiera celebrar esta consulta sería necesaria una reforma de la Constitución porque «no hay que olvidar que España sigue siendo una comunidad vida, que puede discrepar y que tiene un Parlamento».

También negó Álvarez-Ossorio la viabilidad de esta consulta planteada por el Gobierno catalán porque el derecho internacional «tampoco le da legitimidad alguna». «Cataluña no es una colonia y tampoco es un pueblo que esté perseguido por razones de su raza o lengua. Si ocurriera esto último sí se permitiría la consulta como ocurrió con el referéndum de la independencia de Kosovo de Serbia en 1991».

El profesor de la Universidad de Sevilla también expone para intentar arrojar luz a este conflicto que cada vez es mayor que «hay que ser consciente» de que desde Cataluña se ha mostrado «de forma civilizada la existencia de este conflicto y que la Constitución reconoce a las nacionalidades y estas están manifestado que que quieren una situación distinta a la actual», expuso el profesor antes de remachar: «Ahí está el problema político y si el derecho ya no nos sirve para encontrar la solución hay que ir a la política», y lamentó que ese «acto de fe de los ciudadanos» de que están viviendo en un estado democrático «podría derrumbarse si a un grupo social o a una nacionalidad le negamos la posibilidad de expresarse a base de jueces y policías».

También recordó que en otros países, como Canadá, las soluciones han tardado en llegar más de 30 años mientras que «los catalanes quieren resumir todo en cinco minutos» pero probablemente haya llegado el momento de decirles que pueden votar «pero siempre sobre una pregunta muy clara sin ninguna hipótesis» y teniendo en cuenta que «sea cual sea el resultado» no quiere decir que se puedan independizar, «sino que es el momento de negociar cómo nos separamos si es que al final nos separamos», precisó el profesor de Derecho Constitucional.

Y en este sentido, aunque se mostró contrario a la consulta, consideró que en caso de que se decida celebrarla tendría que hacerse «con muchísimo consenso desde el Estado». Y recuerda cómo para el referéndum de Escocia sí hubo un acuerdo previo con el Gobierno a través de la denominada devolution. Este término inglés se utiliza para describir una descentralización o traspaso de poderes desde un poder central a entidades regionales. «¿Si quieres que en Cataluña salga el ‘no’ o qué no se plantee la consulta, qué le ofreces a cambio?», se preguntó Álvarez-Ossorio, que también aseguró que el Partido Popular «debe ser parte de la solución y no el problema, al igual que los independentistas», y concluyó criticando la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Es coculpable por su largo silencio. Los otros tienen ahora una tormenta perfecta a su favor», finalizó el profesor universitario de la Hispalense.

Igualmente, el también profesor de Constitucional de la Universidad de Sevilla, Víctor Javier Vázquez, consideró que la solución al conflicto catalán «no pasa por el derecho» sino que debe hacerse «desde la política». «La apelación continua a la legislación y al marco de la Constitución Española es eludir el problema por parte del Gobierno. La inconstitucionalidad de las leyes del Parlament son más que evidentes no hace falta ser un experto para darse cuenta pero no actuar demuestra la inoperancia de la Constitución española para solucionar este conflicto desde el año 2010 cuando se dictó la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Desde entonces, la Constitución está en crisis», expuso el profesor Vázquez. Y así, consideró que el Gobierno tenía que haber comenzado el diálogo desde la diada del año 2012 «porque ya era evidente que había que afrontarlo políticamente», insistió.

«Cada vez hay más gente que tiene como único horizonte la independencia y lo que hay que hacer actualmente es desinflamar la situación porque llevamos ya siete años en absoluta tensión y ya hay un problema de orden constitucional español». Por ello, el profesor abogó por «canalizar de manera inminente el ordenamiento» con el objetivo de «evitar un grave conflicto» como el de este domingo 1 de octubre «con miles personas queriendo votar y miles de policías en las calles» porque finalmente ha ocurrido «un escenario que nadie quería», lamentó Vázquez.

Por último, el experto también quiso recalcar que la intervención del Estado el 1 de octubre «no se puede hacer al margen del artículo 155 y ahora se está aplicando el artículo 155 de forma encubierta». «Rajoy tenía que haber ido al Senado y allí recibir autorización para las medidas a aplicar. Ahora, a través de varios entes, se está interviniendo de facto al Gobierno catalán y la Constitución exige que sea a través de su artículo 155», finalizó el profesor Vázquez.

Por último, el también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, tiene la «impresión personal» de que «el derecho de autodeterminación o el derecho a decidir de un territorio es un asunto imparable a lo largo de toda la historia» y añadió el matiz de que «una independencia siempre será inconstitucional porque un territorio quiere salir para tener su propia constitución, por lo que siempre a priori va a ser ilegal».

Respecto a la consulta de hoy, cree que no tiene validez ninguna –si se celebra– porque «no ofrece garantías sin censo y sin junta electoral». En cambio sí dejaría que se celebrara porque «saldría el no» y se podría terminar el problema. Respecto a las formas para impedir que se celebre la votación, el profesor de Constitucional consideró que es «una provocación del Estado porque son los fiscales, sobre los que sí manda el Gobierno, y no los jueces, quienes amenazan a quienes vayan a las mesas y demás», finalizó.