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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al coordinador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en la Junta Nacional del partido. / Javier Lizón (Efe)
Los letrados del Parlament hicieron público ayer un informe jurídico en el que rechazan la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido de forma telemática o delegada desde Bélgica y subrayan que la investidura debe ser con participación «directa y personal» del candidato.
En el informe, solicitado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a petición del PSC, los letrados explicitan que el «respeto a las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios» hace «imprescindible» la asistencia de los protagonistas en el debate «sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista».
Los letrados remarcan que una investidura va más allá de un «acto de mera ratificación o confirmación de una persona como presidente» y supone «propiciar un diálogo» entre el candidato y el resto de diputados para que el primero logre el apoyo necesario. No sólo inciden en la «interpretación gramatical» de las normas parlamentarias y legales, que a su juicio ya presuponen la presencia del candidato «ante» la cámara, sino que también ven «imprescindible» la asistencia de los protagonistas del debate y el cumplimiento de los principios parlamentarios de «oralidad, contradicción directa y la garantía del principio de inmediatez». «Es decir, todo eso sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista de acuerdo con la ley y el reglamento».
Asimismo, los letrados señalaron que el reglamento de la cámara no contempla los supuestos de delegación de voto por no poder regresar del extranjero o por estar en prisión, aunque en este último caso abren la puerta a la interpretación que haga la Mesa de Edad el día de la constitución del Parlament.
El caso afecta a los diputados electos de JxCat y ERC que están en Bruselas –Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret– o los que siguen en prisión –Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez– antes de la sesión constitutiva de este miércoles.
La posición de los letrados, pese a no ser vinculante, podría complicar el acuerdo entre JxCat y ERC para escoger como president a Puigdemont, con una nueva Mesa que haga una interpretación del reglamento del Parlament que permita una investidura a distancia.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también advirtió de que la aplicación del 155 se mantendría en vigor en Cataluña si Puigdemont es elegido presidente estando huido en Bruselas y no acude al Parlament a tomar posesión del cargo, porque así lo establece el acuerdo aprobado por el Senado.
Rajoy intervino ante la Junta Directiva Nacional del PP para repasar los principales objetivos del nuevo año, entre los que se encuentra la normalización política de Cataluña tras haber tomado una medida «excepcional» como la aplicación del citado artículo constitucional.
El presidente explicó que el acuerdo del Senado que autorizó al Gobierno a intervenir en esa comunidad señala que las medidas dejarán de estar en vigor cuando «tome posesión el nuevo presidente». Para eso, subrayó, es necesario que el candidato esté presente y no cabe por tanto que sea investido Carles Puigdemont mientras siga huido en Bruselas.
Recalcó que el Gobierno recurrirá cualquier «suerte de trampa» para que Puigdemont sea de nuevo jefe del Ejecutivo catalán, pero más allá de las razones políticas y legales en contra de esa posibilidad, Rajoy ha dicho que es «un problema de puro sentido común». El presidente aseguró que cree que se está imponiendo el «realismo» en la política catalana, uno de los objetivos al aprobar la aplicación del citado artículo constitucional.