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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer en una rueda de prensa sobre vivienda. / Andreu Dalmau (Efe)
El Gobierno pidió ayer al Tribunal Constitucional (TC) que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante «el desafío institucional» que entiende que se está produciendo en Cataluña.
Es uno de los puntos del incidente de ejecución que la Abogacía del Estado presentó ayer mismo ante el alto tribunal, cuyo pleno se reunirá el próximo lunes para decidir qué medidas adopta ante el «desacato» de la sentencia y del auto que anulan el llamado proceso de desconexión aprobado por el Parlament. La Abogacía argumenta que la resolución de la cámara catalana del pasado miércoles contiene como principal novedad la concreción de un «verdadero plan para conseguir la secesión de España».
El Govern contestó por medio de la consellera de Presidencia, Neus Munté, quien tildó de «inadmisible» la «amenaza» del Gobierno, y acto seguido, aseguró que la Generalitat «no se moverá» de la hoja de ruta soberanista que se ha marcado.
El mismo miércoles, tras conocer la aprobación en el Parlament de las conclusiones de un dictamen sobre el proceso constituyente, lo que significa marcar la vía hacia la independencia, el Gobierno avanzó que estudiaría en Consejo de Ministros qué plantear en un nuevo incidente de ejecución.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer del contenido de dicha instancia ante «el delito» apreciado en la actuación de Forcadell, pues ordenó el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia. Debido a ese «caso omiso», el Gobierno se ha dirigido al TC para que, a su vez, remita a la Fiscalía unas actuaciones que podrían suponer la apertura de la vía penal.
Ante la relevancia de la posición del Gobierno, ante este «desafío institucional y desacato al Constitucional», en palabras de la vicepresidenta, Mariano Rajoy se puso en contacto ayer con los líderes del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos para explicarles el contenido del incidente de ejecución. Un texto que consta de tres puntos esenciales, en los que el Gobierno pide al TC que declare nulo y sin efecto jurídico la resolución del Parlament, su suspensión inmediata y la adopción de las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y del auto del alto tribunal.
Forcadell respondió al Gobierno central al que acusó de pretender «coartar la libertad de expresión del Parlament. A su juicio, la inhabilitación, si ocurre, sería «antidemocrática».
En Twitter se han plasmado las reacciones de las autoridades catalanas, como la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aseguró que «la democracia en Cataluña no está en funciones».