El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan aprobar en el futuro nuevas amnistías fiscales.
Durante su comparecencia a petición propia en la comisión de Hacienda del Congreso, Montoro hizo esta propuesta toda vez que «se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie» y después de que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la aprobada mediante decreto ley en 2012. Añadió que, además, será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional, en el que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, «entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales».
Montoro incidió en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra el fraude fiscal y anunció que Hacienda está preparando, junto con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, una medida extraordinaria para aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria.
También afirmó que de esta forma se apoyarán las unidades de lucha contra el fraude en todos los ámbitos, también en el laboral, y de aquellos servicios donde «se queden cortos» los efectos de la OPE. El ministro mostró la «mejor disposición» de llevar al Parlamento el mecanismo legal que sea más efectivo para que se pueda implementar lo más rápidamente posible.
Durante su intervención, Montoro justificó la aprobación de la Declaración Tributaria Especial (DTE), que correspondió al modelo 750 y a la que se sumó la obligación de declarar patrimonio en el extranjero (modelo 720), porque ha conseguido aflorar rentas ocultas y patrimonios no declarados.
En este sentido, señaló que el patrimonio declarado en el exterior se ha incrementado entre 2007 y 2015 un 78,6 por ciento al pasar de 61.182 a 109.278 millones de euros. Si a este patrimonio se suma el de los acogidos a la amnistía fiscal, los bienes aflorados casi se han duplicado y han pasado de 23.892 millones de euros en 2007 a 46.025 millones en 2015, un 92,64 por ciento más. «Lo que ha sucedido estos años es que las personas que se acogieron a la DTE y las que han utilizado el modelo 720, al saber que la Agencia Tributaria puede ejercer sobre ellas una vigilancia especial, no han tenido más salida que seguir confesando incrementos patrimoniales que, en parte, supone afloramiento de patrimonios ocultos», dijo.