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Ortega Lara, después de ser liberado.
El móvil económico y en menor medida la petición de liberación o acercamiento de presos de la banda son los motivos que han estado detrás de la mayoría de los 79 secuestros que llevó a cabo ETA, actos terroristas que tienen dos nombres propios: José Antonio Ortega Lara, el más largo, y Miguel Ángel Blanco, el de mayor impacto social. Aunque el funcionario de prisiones y el concejal del PP de Ermua, respectivamente, son los rostros más conocidos de entre los secuestrados por los terroristas, la mayoría de las víctimas fueron empresarios.
En su V Asamblea, la banda terrorista constató la necesidad de buscar nuevas vías de financiación -hasta entonces los militantes pagaban cuotas- y la dirección autorizó atracos y secuestros, que comenzaron a partir de 1965. El primer secuestrado por ETA, fue José Ángel Aguirre, director de la sucursal del Banco Guipuzcoano en Elgoibar (Guipúzcoa): un comando formado por ocho personas le retuvo en su domicilio durante toda la noche del 30 de octubre de 1970 con el fin de que al día siguiente les abriera la caja fuerte del banco. Consiguieron cuatro millones de pesetas -unos 24.000 euros- y le pusieron en libertad.
Poco después, el 1 de diciembre de ese mismo año, fue secuestrado el cónsul honorario de la República Federal Alemana en San Sebastián, Eugene Bëihl, a quien ETA amenazó con hacer correr la misma suerte que esperara a los dieciséis miembros de la banda que estaban siendo juzgados en el llamado Proceso de Burgos. Finalmente fue liberado en Alemania, veinticinco días después.
Lorenzo Zabala (1972) y Felipe Huarte (1973) fueron los primeros empresarios secuestrados; ambos fueron liberados posteriormente. Peor suerte corrió Ángel Berazadi, gerente de la empresa Sigma, secuestrado el 18 de marzo de 1976 y por cuya liberación ETA pidió 200 millones de pesetas; el 7 de abril se halló su cadáver cerca de Azcoitia (Guipúzcoa).
Fue la primera de las doce personas asesinadas por la banda terrorista durante su cautiverio, además de otras catorce que recibieron disparos en las piernas antes de ser puestas en libertad.
Los asesinados por ETA en el transcurso de un secuestro fueron, además de Berazadi: José María González (policía), José Luis Martínez (policía), Javier Ybarra y Bergé (empresario), Alfredo Ramos (propietario de un bar), Mario González Blasco (soldador), José Ignacio Ustarán (político UCD), José María Pérez (abogado), José María Ryan (ingeniero de la central nuclear de Lemoniz), Alberto Martín Barrios (militar), Francisco Arín (empresario) y Miguel Ángel Blanco (político PP).
El 11 de noviembre de 1979, el diputado de UCD Javier Rupérez se convirtió en el primer político secuestrado por ETA; permaneció retenido 31 días antes de ser liberado cerca de Burgos. Las fuerzas de seguridad consiguieron liberar a seis personas secuestradas por ETA, la primera de ellas Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, a quien los GEO rescataron el 17 de enero de 1982 en Tremoz (Zaragoza) tras permanecer secuestrado durante diecinueve días.
Los industriales Saturnino Orbegozo, Ángel Carasusan, Juan Pedro Gúzman fueron liberados por la Guardia Civil, y Luis Aguinagalde, empresario y militante del PNV fue rescatado por la Ertzaintza. Uno de los secuestros etarras que tuvo mayor repercusión y que se resolvió positivamente con la liberación de la víctima por parte de las fuerzas de seguridad fue el del funcionario de la prisión de Logroño José Antonio Ortega Lara.
Los terroristas le secuestraron en Burgos, donde vivía, el 17 de enero de 1996 y la Guardia Civil le rescató en un zulo ubicado en una nave industrial de Mondragón (Guipúzcoa) el 1 de julio de 1997; había pasado 532 días encerrado. Otros de los secuestros más prolongados fueron los de los empresarios Emiliano Revilla (249 días) y Cosme Delclaux (232 días), ambos resueltos supuestamente tras el pago de un rescate.
La reacción social contra ETA marcó un hito con el secuestro del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997 y su posterior asesinato tras negarse el Gobierno a acercar presos de ETA a cárceles del país Vasco como había exigido el grupo terrorista. Blanco apareció mortalmente herido dos días después a las afueras de Lasarte (Guipúzcoa) al poco de expirar el plazo de 48 horas que había fijado la banda.
La banda terrorista recurrió en otras dos ocasiones a esa macabra cuenta atrás en la que amenazaba con matar a los secuestrados si no se cumplían sus exigencias: en los casos del ingeniero José María Ryan y el capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, que también acabaron en asesinato.