El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó ayer su intención de agotar la legislatura para «blindar» el estado del bienestar y situar el diálogo como forma de hacer frente a problemas como el de Cataluña, ante el que aseguró que no quiere abrir «ninguna vía judicial más».
Sánchez, en el balance de dos meses al frente del Gobierno que realizó en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, recalcó que la moción de censura y el cambio de Ejecutivo supusieron un «cambio de época» en la política española. Cree que ahora «los ciudadanos se reconocen en su Gobierno» y reivindicó todas las medidas incluidas en su «agenda del cambio» que forman parte de «una hoja de ruta clara y definida» hasta el final de la legislatura.
Al plantearle si encuestas como la del CIS no pueden llevarle a un adelanto electoral en vez de aguantar hasta 2020, ha resaltado: «Aguantar no, avanzar sí, reformar sí». «Este Gobierno no gobierna a golpe de encuesta», subrayó antes de hacer gala de su condición de «sufridor» de sondeos para considerar llamativo que quienes salen peor parados, en referencia al PP, los pongan ahora en cuestión.
Sánchez volvió a declarar su total compromiso con el diálogo en todos los ámbitos y, por ejemplo, mejorar la cohesión territorial y la relación con los gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Generalitat. Ante la situación en Cataluña, aseguró que no quiere abrir «ninguna vía judicial más» e insistió en que defenderá la legalidad y que se cumpla el Estatut. Pidió también al líder del PP, Pablo Casado, que sean «tan leales» como lo fue el PSOE con el Gobierno de Mariano Rajoy y haga una «oposición de Estado», aunque le agradeció su apoyo a una eventual nueva aplicación del 155.
Pedro Sánchez insistió en que el Gobierno es consciente de que la solución al problema catalán pasa por una votación del conjunto de sus ciudadanos, pero la «discrepancia» que tienen con los independentistas –dijo– es que el acuerdo que se vote tiene que representar al 80% de la sociedad catalana.
Por el contrario, lo que plantean los soberanistas –afirmó– no representa a ese 80%, aunque espera poder convencerles «en el medio plazo». Sin embargo, no hubo ninguna precisión respecto a qué debería votarse en concreto.
Si reclamó coherencia a Casado ante la situación en Cataluña, también se la demandó ante el hipotético acercamiento de presos de ETA recordándole lo que hizo el PP en el pasado.
En materia económica defendió la senda de estabilidad que rechazó el Congreso, una propuesta que reiteró que volverán a presentar en septiembre y que aseguró que se trata de «una causa justa» que proporciona una «doble estabilidad», económica y social. Al respecto, consideró «impropio» que el Senado pueda vetar una senda de estabilidad, pero el Gobierno no está planteando a otros grupos una reforma para evitarlo. «La debilidad que más preocupa a este Gobierno es la del estado de bienestar», dijo.