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Desafío secesionista catalán

Puigdemont denuncia una «ofensiva judicial» para encarcelar «en masa» a políticos

El expresidente de la Generalitat ha plasmado en un artículo en «The Guardian» su idea del proceso que vive Cataluña

06 nov 2017 / 19:45 h - Actualizado: 06 nov 2017 / 20:06 h.
  • El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Bruselas. EFE/ Olivier Hoslet
    El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en Bruselas. EFE/ Olivier Hoslet

El presidente depuesto de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, acusa al Gobierno de España de haber lanzado una «brutal ofensiva judicial» para criminalizar a políticos catalanes por sus «ideas», en un artículo publicado hoy en «The Guardian».

El Estado español, escribe, «ha cometido una brutal ofensiva judicial para provocar el encarcelamiento en masa y la criminalización de candidatos que promovían unas ideas políticas que, hace solo dos años, obtuvieron niveles históricamente altos de apoyo público», en las elecciones autonómicas catalanas de 2015.

Puigdemont, que está en Bélgica en libertad provisional y bajo medidas cautelares impuestas por un juez de ese país después de que lo reclamase la Justicia española, recuerda que estos políticos hoy encarcelados ganaron esos comicios con un programa donde «explícitamente» se hablaba de declarar la independencia.

El político lamenta que los representantes de ese «proyecto democrático» afrontan ahora «el castigo más severo posible dentro del código penal español -el mismo que para casos de terrorismo y asesinato-: 30 años de prisión».

Explica que, pese a que la coalición soberanista «Junts pel Sí» (Juntos por el Sí) logró una mayoría de 72 sobre 135 escaños en las urnas, «el Gobierno legítimo catalán ha sido ilegalizado y disuelto el Parlamento catalán, y se ha impuesto una agenda política que nada tiene que ver con la voluntad de la mayoría».

El Parlamento regional catalán declaró unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma española el 27 de octubre después de un voto secreto, con el hemiciclo semivacío por ausencia de la oposición, sin alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de esa cámara y con la opinión jurídica de los letrados parlamentarios en contra.

A continuación el Gobierno español activó el artículo 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad en esa región, así como otras medidas que incluyen la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.


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