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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. / Andreu Dalmau (Efe)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retado al Tribunal Constitucional (TC) en sus últimas declaraciones. En una entrevista para Le Figaron, asegura que «si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender».
Puigdemont avisa de que «una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre». De este modo, manifiesta que «no renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Constitucional» y asegura que ignorarán al TC si suspende la ley del referéndum.
«Nuestro compromiso con el pueblo y con el Parlament es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática», advierte el presidente. A su vez, el presidente admite que una «participación ridícula equivaldría a perder el referéndum», y asegura que durante la organización de esta consulta el Gobierno catalán y los ayuntamientos mantendrán una neutralidad escrupulosa sometida a un control de los observadores internacionales.
Puigdemont explica que si el ‘sí’ a la independencia gana el 1 de octubre, 48 horas después de la proclamación de los resultados –que puede prolongarse entre una semana y diez días– explicarán que Cataluña «se transforma en un Estado independiente» y abrirán un periodo de transición que culminará con unas elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por un referéndum. «Cataluña empezará a actuar como estado independiente, pero no lo será de derecho hasta que esta transición culmine», aclara.
Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, considera que el Gobierno «comete un grave error amenazando a la Generalitat y a sus funcionarios» con sus nuevas exigencias de fiscalización semanal de las cuentas del Govern, y advierte de que «el referéndum es imparable pese a las amenazas del Estado». Según indica Sabrià, «quien sale más perjudicado con las amenazas de no pagar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat es el propio Estado porque queda en evidencia, pero también todos los catalanes, los independentistas y los que no lo son».
Reacciones a Puigdemont
El coordinador general del PP y responsable de Organización del partido, Fernando Martínez-Maillo, recalca a Puigdemont que no le quedará «más remedio» que aceptar las decisiones del Constitucional en caso de que éste decida inhabilitarlo. Es más, dice que es «irrelevante» su respuesta si comete una «ilegalidad».
«Evidentemente el señor Puigdemont puede decir lo que estime conveniente, pero tiene que atenerse a lo que dice la ley», declara Maillo. En este sentido, Maillo indica que la «respuesta» de Puigdemont ante «una ilegalidad» es «irrelevante» porque el Estado de Derecho «cumplirá su función, igual que le ha pasado» al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a otros dirigentes catalanes con la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Del mismo modo, el presidente de C’s, Albert Rivera, insta Puigdemont a admitir que el proceso separatista ha «fracasado» y que por eso acabará convocando elecciones autonómicas, en vez de un referéndum sobre la independencia. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, pide al Gobierno que se abstenga de echar «más gasolina al fuego» del conflicto político catalán e insiste en pedir «moderación» y en evitar que se anuncien medidas como la relativa al FLA que, desde su punto de vista, «suenan más a amenaza que a otra cosa» y pueden generar «una sensación de agresión».