Un daño económico evitable

Desde la capital sevillana, políticos y empresarias analizan la situación catalana y creen que las empresas serán perjudicadas.

Así, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, aseguró que la aplicación del 155 «proporcionará un recurso al Estado de Derecho que aporta la capacidad para revertir situaciones inaceptables de deslealtad institucional e intentos de apropiarse de conductas y decisiones que nos corresponden a todos los españoles». «Confío plenamente en la capacidad del presidente del Gobierno para conducir la situación aportando sensatez y cordura, pero también firmeza». Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, lamentó este sábado «la situación que están teniendo que sufrir millones de catalanes secuestrados por Puigdemont», una situación que calificó de «golpe a la democracia, al estatuto de autonomía catalana, a la Constitución y al proyecto común que es España». «Cuando alguien quiere saltarse la ley no podemos andarnos con medias tintas, por eso Ciudadanos ha sido muy claro desde el primer momento, pidiendo que se aplicara la Constitución». En este sentido, el portavoz del grupo naranja recordó cómo «hace dos semanas» el PSOE criticaba a su grupo «por pedir el 155 y elecciones». «Estamos satisfechos de que por fin hayan aceptado que hay que aplicar la Constitución, como el PP, que se ha estado dedicando a marear la perdiz». «Ante el desafío independentista es necesario actuar con serenidad pero con toda la firmeza, por eso nos alegramos del compromiso político que hemos alcanzado para que los que apoyamos la ley vayamos de la mano y la democracia siga primando en Cataluña y en España».

Desde la parte empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, consideró tras la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «el Gobierno ha aguantado todo lo que ha podido y que «no ha tenido más remedio que aplicar la Constitución». «Las medidas anunciadas no son contra el Gobierno de Cataluña sino contra sus dirigentes, contra las personas. No lo han dejado adoptar otra decisión. Esperemos que estas medidas sean buenas para Cataluña y para el resto de España», concluyó el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla.

También manifestó su opinión el empresario Gonzalo Alba, que consideró que «la intentona secesionista que ha tenido lugar en Cataluña no tiene ni pies ni cabeza». «No tiene sentido sino desde un punto de vista legal, ni desde un punto de vista económico y ni siquiera desde un punto de vista moral». Y así, criticó que «se han tomado decisiones contrarias a nuestro ordenamiento, especialmente contra la Constitución que lo españoles otorgamos en 1978».

Desde el punto de vista moral, el empresario sevillano recordó que este intento secesionista «no va contra un sentimiento españolista compartido por millones de catalanes, sino contra el de millones de españoles que han contribuido a hacer la España de hoy». Y remachó. «España, y todas su partes, pertenece a todos los españoles».

También manifestó su opinión Jorge Cortés, abogado y profesor de Derecho Tributario, también afirmó que «desde un prisma empresarial» las consecuencias «están siendo claramente perniciosas». «Hay una caída del consumo que frena la recuperación económica conllevando una desaceleración de la creación de empleo». En este sentido, auguró que la huida de 1.200 empresas en 20 días «será un aperitivo» en caso de la independencia. «Y por lo que a efectos fiscales se refiere, ese traslado de empresas no se debe, en absoluto, por motivos tributarios, como algunos equivocadamente han insinuado».