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Rajoy y Mas en una foto de archivo. / EFE
Los resultados de las elecciones —en teoría— autonómicas del 27-S en Cataluña han dejado un escenario aún más incierto que el que se dibujaba antes de que el president de la Generalitat, Artur Mas, anunciara el adelanto de los comicios. Para algunos analistas, el desafío soberanista no era más que una nueva forma de presionar al Estado para lograr un nuevo pacto fiscal que permitiera a Cataluña gestionar sus propios impuestos. La lectura de los resultados de los comicios como un plebiscito acerca de la independencia —en función del porcentaje de votos y no por escaños que se reparten los partidos soberanistas frente a los estatales— aleja, supuestamente, el fantasma de la secesión —47,74 por ciento de votos a favor frente al 52,26, en contra, con una participación histórica del 77,44 por ciento—, pero tantos unos como otros buscan una nueva relación con el Estado que, al menos, empiece por admitir que no basta con amenazar con la expulsión de la UE o la presión internacional para resolver el problema.
A la luz de estos resultados, quizás tampoco baste con la firma de un nuevo pacto fiscal que permita que Cataluña gestione el 100 por cien de sus impuestos, como hacen las comunidades forales de Navarra y el País Vasco. Pero podría ser un principio porque, en parte, todo esto tiene un efecto «psicológico», como apunta el director del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, Antonio Cubero.
De hecho, el 14 de septiembre, en plena campaña electoral, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra uno de los artículos de la Agencia Tributaria de Cataluña —el 4, referente al cuerpo de funcionarios, por entender que crea desigualdades entre los funcionarios de Cataluña respecto a los del resto de España— que Mas había puesto en marcha dos meses antes. La medida suponía, de facto, frenar la creación de este organismo. Un nuevo revés judicial, desde Madrid, a las aspiraciones soberanistas de Cataluña, como ya pasó con el Estatut, y que se trasladó a la población como un «agravio» más con los catalanes, como coinciden en señalar el exministro Josep Borrell, analistas e historiadores, como Jordi Canal, autor de Historia mínima de Cataluña.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que pretende aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica en el primer semestre de 2016, suponiendo que logre repetir tras las elecciones generales que convocará para el 20 de diciembre, «por unanimidad». Eso sí, respetando las singularidades que reconoce la Constitución para el País Vasco y Navarra.
De hecho, ayer, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas defendió en un comunicado el concierto vasco y el convenio navarro y negó que supongan un privilegio, según han dado a entender algunas comunidades autónomas, que han pedido que se revisen estos regímenes forales cuando se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica.
Y es que tanto Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, a lo largo de la última semana, como Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, se han mostrado en contra de estas «asimetrías» que admiten diferencias en la gestión de los impuestos entre unas comunidades autónomas y otras y que, parece, es a lo que aspira Cataluña con la nueva agencia tributaria.
El régimen común de financiación establece que las comunidades autónomas gestionen el 50 por ciento del IRPF que se recauda en su territorio. Así, las únicas diferencias que pueda haber, por ejemplo, entre Andalucía y Cataluña se refiere a este margen de financiación: impuestos sobre las sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio o impuestos especiales. Sin embargo, a ojos del profesor Cubero, «la aspiración de Cataluña es lograr un sistema foral como el del País Vasco y Navarra, que recaudan y gestionan sus propios impuestos y, posteriormente, entregan el cupo al Estado, para compensar la inversión estatal en ambas comunidades». De modo que, aunque en la práctica, la cuantía es la misma, se trata, sobre todo, de una cuestión «psicológica». Y aquí radica el quid del pacto fiscal que plantea Cataluña: «Quieren su propia legislación, recaudación y administración y pagar el cupo al Estado». Esto se traduce en algo así como: «Queremos ser solidarios pero decidir nosotros de qué forma lo somos».
Sin embargo, nada asegura que este nuevo pacto fiscal solvente la aspiración soberanista catalana ni aplaque el sentimiento de agravio de los catalanes.