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Recorte de prensa «Los profesores de EGB» / El Correo -
Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, en una visita a Sevilla. / El Correo
En Sevilla, en el salón del Almirante de los Reales Alcázares, escuchamos decir al señor Pujol que la economía catalana no dependía del mercado español, que ellos exportaban al exterior más del cuarenta por ciento de su producción y consumían otro tanto en su propia comunidad, siendo escasa y asumible las ventas al resto de España. Bueno, él no dijo comunidad, sino nación catalana; ni España, sino Estado español.
Tuvimos que mordernos la lengua para evitar disgustos en aquel acto cultural organizado por la Fundación Cristóbal Colón, ante la desfachatez del personaje, que creyó que estaba hablando ante analfabetos. Fuimos muchos los que apreciamos la manipulación de la historia socioeconómica por parte del señor Pujol, con desparpajo y arrogancia. Lo que siempre hace, porque sabe que nadie le va a contestar, por ignorancia o por respeto humano, e incluso por miedo.
Recuerden cuando el pasado mes de octubre, en Televisión y Radio Nacional de España dijo que la Fiesta de la Hispanidad, que él rechazaba, era franquista. Más analfabetismo histórico es imposible. La Fiesta de la Raza se creó en 1918 y a instancia de un obispo sudamericano descendiente del País Vasco.
Desde el final de la Guerra Civil, por poner la frontera más cercana, toda España ha sido mercado cautivo de los intereses catalanes y vascos. Ya comentamos en esta columna lo ocurrido con el algodón andaluz, llevado a la ruina por las exportaciones vasco–catalanas a cambio de algodón egipcio. Un caso sangrante, pero no único.
Durante el régimen anterior, los productos vascos y catalanes disfrutaron de la mayor ayuda estatal de la historia de España. Nunca se llegó a tanto, aunque siempre gozaron de privilegios. Recordemos, por ejemplo, como la Administración Central arruinó a la industria férrica andaluza, la primera de España, mediado el siglo XIX, ayudando descaradamente con aranceles al carbón y la industria norteños cuando se produjo el cambio de carburante, el abandono de la leña. Y además, retrasando el tendido del ferrocarril entre Peñarroya y Málaga, que pudo salvar las ferrerías fundadas por Manuel Agustín Heredia en Marbella.
En las décadas más recientes, no es ningún secreto que, pudiendo abastecerse España en los mercados exteriores, con mejores precios e idénticas calidades, estuvo obligada a comprar los productos catalanes y vascos. Y no sólo tuvo Cataluña el cuasimonopolio en el sector textil, sino que hizo la vida imposible a la sevillana Hytasa.
Los catalanes y vascos no nacionalistas, los que se sienten españoles por catalanes y vascos, saben que los nacionalismos minoritarios están llevando a sus Comunidades a un callejón sin salida y de casi imposible retroceso. Ellos saben que viven del resto de los españoles.
Ponemos punto final, al menos por ahora, para ver cómo reaccionan los que niegan a nuestra Andalucía el pan, el agua y la sal; es decir, el Partido Popular y Convergencia y Unión, cuyos votos escribieron el día 15 de diciembre de 1998, en el Senado, una de las páginas más negras de la democracia española.
Parece mentira que puedan tener tanto impudor y tanta ignorancia histórica, las derechas centralistas y las derechas nacionalistas. Partido Popular y Convergencia y Unión, han igualado a la UCD en desprecio a la inteligencia andaluza. Los ucedeos, con aquella papeleta nefasta del referéndum de 1980, símbolo de una actitud irracional contra la región más española que autonómica, y los primeros con la unión de sus votos para negarle a los andaluces dos derechos indeclinables: el derecho a ser reconocido su censo de habitantes real en 1996, frente al de 1988, cuando ya estamos en 1999; y el derecho a exigir la reparación de daños recibidos por errores administrativos. ¡Pues anda que si llegan los andaluces a exigir la verdadera deuda histórica! (¡Si Andalucía contara con un Arzallus o un Pujol, qué distinto sería todo!)
Como bien han dicho varias veces en voz alta, en el mismo Madrid, los empresarios andaluces capitaneados por don Rafael Alvarez Colunga; como han subrayado El Correo de Andalucía y ABC al menos en dos ocasiones; como nosotros mismo hemos escrito en esta columna, el reconocimiento previo del censo real de habitantes andaluces, es de sentido común, de justicia, algo indiscutible, y además, una demostración de buena voluntad política que dejaría a la Junta de Andalucía sin argumentos para negarse a iniciar las conversaciones sobre el sistema de financiación autonómica. Decir, como se ha dicho por dirigentes del Partido Popular, después de votar en contra en el Senado, que el asunto deben decidirlo las restantes Comunidades Autónomas, es tan estúpido como poner a votación la existencia de Dios, como hizo el Ateneo madrileño durante la II República. ¿Dónde está escrito que el hecho demográfico tenga que ser votado para decidir su realidad humana? Ganas que tienen la gente de hacer el ridículo.
El día 9 de agosto de 1996, recordé en los Reales Alcázares, en el discurso de homenaje a Blas Infante, –ante algunos políticos que no ocultaron su rechazo a mis palabras–, que no sólo en España se desconocen las realidades andaluzas; que también en la propia Andalucía las luchas partidistas anteponían sus propios intereses a los comunes andaluces.
En 1916, don Francisco de las Barras de Aragón publicó un texto básico que demostraba que la única región española que podía ser nación aparte, era Andalucía. Los valores naturales de entonces se han enriquecido con la revalorización de la geopolítica del litoral Atlántico–Mediterraneo