Según informó ayer la consejera de Justicia y Administración, Begoña Álvarez, la Junta va a establecer ayudas en un pago único de 1.800 euros para aquellas andaluzas que, por razones políticas, sufrieron las vejaciones del franquismo: violaciones, ostracismo, escarnios públicos, cárcel... Su gabinete está ya preparando un decreto, que estará listo para ser aplicado en dos meses, y en virtud del cual las mujeres que demuestren "por cualquier medio de prueba admitido en Derecho" sus humillaciones y su calvario, podrán cobrar estas ayudas. La condición es que esos abusos se cometieran entre 1936 y 1950, los años en los que esa represión fue más dura. Esta decisión, sin embargo, choca con la que tomó el Gobierno central, a instancias de IU, de ampliar la protección de la Ley de Memoria Histórica a las víctimas del postfranquismo, hasta el 31 de diciembre de 1977.
Álvarez no pudo precisar cuántas andaluzas se van a beneficiar del decreto, pero sí especificó su "necesidad", toda vez que de las 2.472 indemnizaciones otorgadas hasta ahora por la Junta a las víctimas de aquellos años sólo el 5% de los beneficiarios eran mujeres, lo que evidencia las "peculiaridades" de la persecución femenina. "Queríamos hacer un homenaje a las mujeres que perdieron a sus familiares entre los pinos y las cunetas, a las que lucharon por los valores de la Segunda República y fueron castigadas en grado máximo de perversión, porque no fueron encarceladas como los hombres, sino que lo fueron con sus hijos", señaló la consejera. Según datos de la base de datos Todos los nombres -que llevaba años reclamando el reconocimiento de la mujer como víctima específica de la dictadura-, sólo en la provincia de Sevilla hay 400 casos documentados de mujeres asesinadas o fusiladas, una cifra que se eleva a 3.100 nombres de mujeres en todo su archivo.
Mensaje al rey. Por otro lado, el investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha impulsado un requerimiento en internet en el que le pide al Rey que acuda a la fosa de San Rafael (Málaga), donde se han hallado 2.800 cuerpos, y declare nulo el "marquesado de Arias Navarro", con "grandeza de España", que Don Juan Carlos concedió al también conocido como "carnicerito de Málaga" siete meses después de la muerte de Franco.
