En febrero la Junta anunció ayudas para los parados que agotasen el subsidio pero en dos meses no ha movido ficha a la espera de ver qué hacía el Gobierno. La propuesta de Zapatero pasa por extender el salario social que dan las comunidades y que en Andalucía pasaría de 18.000 beneficiarios a más de 100.000.
El presidente del Gobierno tiene previsto anunciar esta semana en el Debate sobre el Estado de la Nación una fórmula para dar cobertura a las necesidades de los parados que no reciben ninguna prestación, una cifra que el Ejecutivo calcula en 300.000 españoles. La fórmula requiere, como ya avanzó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el compromiso de las comunidades autónomas ya que la idea es extender el salario social o renta básica de inserción, un subsidio que las comunidades conceden ahora a familias sin apenas ingresos y en riesgo de exclusión.
El Gobierno, según adelantó ayer El País, prevé homogeneizar la cuantía y los requisitos para percibirla, que actualmente varían en cada comunidad. En el caso de Andalucía, es una ayuda por un máximo de seis meses cifrada en el 62% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 386,88 euros este año (y 49,92 euros por cada miembro extra de la unidad familiar). El presupuesto andaluz de este programa para 2009 es de 41,3 millones, si bien la Consejería de Igualdad y Bienestar Social -de la que depende el salario social- siempre recuerda que se trata de un crédito ampliable. La previsión inicial para este año era de 18.838 beneficiarios.
Sin embargo, si estas ayudas se extienden, como quiere el Gobierno central, a los parados que agoten la prestación por desempleo, la cifra de beneficiarios superaría los 100.000. El año pasado terminó con 237.762 andaluces que no cobraban prestación de los 719.378 desempleados inscritos como demandantes de empleo. Pero de esos 237.762, casi 98.000 corresponden al llamado colectivo sin empleo anterior, es decir, personas inscritas por primera vez como demandantes de empleo y que por tanto no han cotizado previamente para tener derecho al subsidio. De los 139.782 restantes, tampoco todos entrarían entre los potenciales beneficiarios de esta ayuda, ya que entre ellos hay parados que han cotizado pero no el tiempo suficiente como para tener derecho a recibir una prestación. Con todo, la cifra de beneficiarios del salario social podría pasar de 18.000 anuales a más de 100.000.
¿Qué incremento presupuestario sería necesario para hacer frente a ello? Aún no se puede concretar, ya que el Gobierno central ha anunciado que hará una aportación a las arcas de las comunidades para sostener estas nuevas ayudas cuya cuantía, además, está pendiente de fijarse para que sea la misma en todas las comunidades.
El Ejecutivo también prevé unificar los criterios para acceder a este ayuda. Andalucía exige actualmente que la unidad familiar lleve constituida al menos un año, que todos sus miembros estén empadronados en un municipio andaluz con al menos un año de antelación (aunque prevé excepciones a la residencia continuada por causas laborales o de fuerza mayor) y que los ingresos mensuales de la familia sean inferiores a 386,88 euros mensuales.
La Junta de Andalucía tendrá que sumarse a esta nueva medida contra la crisis, que Zapatero prevé abordar en una conferencia de presidentes como solicitó el presidente andaluz, José Antonio Griñán, mientras elabora una Ley de Renta Básica. Pese a ser un compromiso del nuevo Estatuto andaluz, esta ley se quedó en la recámara en la legislatura pasada.
La norma prevé convertir en un derecho la percepción de una ayuda que sustituirá al actual salario social, y se concibe como un contrato social que el beneficiario suscribe con la administración por el que se compromete a la búsqueda activa de empleo, participar en cursos de formación y seguir programas de inserción.
