Los 100 primeros días del gobierno andaluz han estado marcados por la crisis económica, como lo va a estar el resto del mandato. Igual que le ocurre al gobierno de la nación, no habrá política ajena a las dificultades económicas. No se puede afirmar que la Junta haya estado cruzada de brazos ante la crisis: desde el primer minuto se trazó como prioridad evitar un deterioro importante en la comunidad. Y, de hecho, ya antes de las elecciones, en el mes de febrero, avanzó un paquete económico destinado a acelerar o anticipar la obra pública pendiente. De la misma forma, ha procedido el gobierno andaluz respecto a las inversiones en rehabilitación de viviendas, lo que permite al sector de la construción -el más perjudicado- y a las industrias afines buscar un puerto de refugio ante una coyuntura tan desfavorable. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que estas medidas hayan resuelto los problemas de los andaluces. Fundamentalmente, porque, en rigor, ninguna administración por sí sola lo va a resolver. Para septiembre se anuncia la negociación del VII acuerdo de concertación con la patronal y los sindicatos. El escenario es difícil: los empresarios piden nuevas medidas pero a la vez siembra dudas respecto a las medidas que adopta la Junta y los sindicatos trabajarán para que la crisis no se lleve por delante derechos sociales consolidados y traiga una mayor flexibilidad laboral.
Ayer se conocieron dos datos: Andalucía registró 6,5 millones de turistas en el segundo trimestre del año (sólo un descenso del 0,1%) y fue la comunidad donde más creció el número de contratos indefinidos entre abril y junio. Es el momento de medir la solidez de las bases de la economía andaluza. No se trata de alternar las visiones optimistas con las pesimistas, sino de que el realismo sea el instrumento que manejen todos los agentes con responsabilidad directa en buscar soluciones a la crisis.
