Con este esquema de alta tensión, crispación y encontronazos diarios entre Junta y Gobierno, los cien días han transcurrido como una cuenta atrás, como si algo importante estuviera a punto de terminarse, en vez de comenzar. Nunca antes en el primer tramo de una legislatura se habían producido cinco amenazas explícitas de intervención de las cuentas autonómicas por parte del Ministerio de Hacienda; dos recursos judiciales del Gobierno contra la Junta (el primero paralizó las oposiciones a profesor en las que estaban inscritos 30.000 estudiantes; el segundo bloqueó la subasta de fármacos con la que preveían ahorrar 200 millones en medicamentos); tres recursos de inconstitucionalidad de la Junta contra los ajustes del Gobierno en sanidad y educación "por invasión de competencias" y un recorte en el Presupuesto autonómico en vigor de 2.700 millones. Nunca antes un ministro de Hacienda cuestionó la solvencia de las cuentas de Andalucía ni su capacidad de autogobierno, nunca se anunció desde Madrid que la Junta no podría seguir pagando las nóminas de sus empleados y nunca se oyó ese sorprendente amago de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, que anunció el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, 35 días después de empezar el mandato. "Esto es lo que en política llamamos una huida hacia adelante. Nosotros huimos para que el Gobierno no nos coja, pero no sabemos qué pasará si nos alcanza, y lo peor es que ellos tampoco lo saben", dice un miembro de la Junta.
Es difícil disociar la gestión del Gobierno andaluz de la del Ejecutivo central. En estos primeros días de legislatura andaluza, Rajoy ha aprobado un recorte de 10.000 millones en sanidad y en educación que recae directamente en las comunidades. Luego solicitó 100.000 millones a la UE para rescatar a los bancos españoles, y más tarde anunció en el Congreso el mayor ajuste del gasto público de la democracia: 65.000 millones. Entretanto, las comunidades también se han tenido que implicar con el objetivo de limitar el déficit público -comprometido con Bruselas- acometiendo duros planes de reequilibrio financiero que suman 18.000 millones de euros.
Desde el principio, la Junta ha acusado a Rajoy de usar la excusa de la contención fiscal para camuflar medidas que, en realidad, "tienen un marcado sesgo ideológico y buscan laminar el Estado de bienestar y las competencias autonómicas". Andalucía ha tenido poco margen para sortear las medidas de Rajoy, porque la mayoría venían blindadas por la legislación básica, pero cuando lo ha hecho ha sido tachada de "desleal, rebelde e insumisa" tanto por el Gobierno como por el resto de regiones gobernadas por el PP. El punto crítico se produjo hace unos días, cuando la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, amagó ante las comunidades "insumisas" con aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite retirar competencias a las autonomías e intervenir sus cuentas.
IMPERATIVO LEGAL. El compromiso de José Antonio Griñán en su discurso de investidura, del que mañana se cumplen cien días, fue trazar un camino alternativo al de Rajoy para salir de la crisis preservando las políticas sociales que sostienen el Estado de Bienestar. El mayor reto es mitigar una tasa de paro que afecta a un tercio de la población activa andaluza (1.362.000 parados), del que el 52% son jóvenes. Pero las primeras decisiones que ha tomado Griñán no nacen directamente del programa electoral socialista ni del pacto de gobierno con IU. Han sido más bien medidas de reacción y contención a los 22 decretos ley, aprobados por la vía de urgencia y sin tramitación parlamentaria.
Andalucía sólo ha podido desarrollar su modelo alternativo en casos concretos: por ejemplo, en su plan de ajuste para ahorrar 2.700 millones de gasto público, recortó nóminas, pero evitó despedir a empleados públicos y privatizar servicios básicos, también se negó a subir la ratio de alumnos por clase, una medida con la que podría haber prescindido de miles de interinos; y rechazó la subida de las tasas universitarias. "O hemos acatado por imperativo legal o hemos encontrado margen para sortear las leyes de Madrid o hemos ido a los tribunales. Esos han sido nuestros cien días", resume un miembro de la Junta.
El leit motiv de esta legislatura es la reducción del déficit público, un compromiso ineludible de España con la UE que Andalucía comparte. Sin embargo, la Junta acusa al Gobierno de haber distribuido injustamente ese objetivo, exigiendo a las comunidades el triple de esfuerzo que al Estado este año y cinco veces más en 2013. Andalucía no tiene ingresos a los que agarrarse y no tiene autonomía fiscal para conseguirlos, subiendo impuestos. Según Griñán, para cumplir el objetivo de déficit "el Gobierno quiere doblegar de forma autoritaria a las comunidades y alterar el modelo constitucional mediante decretos ley, asfixia financiera, impidiendo el acceso al crédito, no aportando liquidez y marcando un objetivo de déficit a las regiones injusto e inalcanzable".
A los cien días, cuando se supone que un gobierno se asienta y traza las líneas maestras de una legislatura de cuatro años, Griñán admite encontrarse en un callejón sin salida. "Es imposible construir el Presupuesto de 2013", dijo hace unos días, "salvo que cerremos todos los hospitales públicos, la mitad de las escuelas (unas 2.000) o despidamos a uno de cada cuatro empleados públicos, unos 60.000 trabajadores de la Junta". El presidente hizo este anuncio, en tono dramático, tras conocer que el Gobierno, sin previo aviso, había restringido el límite de deuda a Andalucía para 2013, impidiéndole acceder a una financiación adicional de 2.735 millones. Sin ese dinero, concluyó, Andalucía tendrá que asumir el desmontaje de la sanidad y la educación públicas. Por ahora, todas las alertas han ido seguidas de llamamientos a la calma. Griñán reabrió poco después el diálogo directo con Mariano Rajoy para intentar salir de este atolladero. A la Junta le parece injusto que las comunidades más endeudadas, como Cataluña o Valencia, logren autorización para endeudarse más el año que viene, mientras Andalucía, con una deuda inferior a la media, debe apretarse más el cinturón. Griñán aprovechó el último pleno extraordinario para reclamar al Estado un modelo de financiación autonómica "más justo y equitativo", y cifró en 5.000 millones el dinero que el Gobierno adeuda a Andalucía por la mala aplicación del modelo actual.
La imagen que ilustra este texto se tomó hace cien días. Un pulso delante de la Constitución y del Estatuto, un forcejeo que a ratos parece un abrazo, como el que Griñán y el ministro Cristóbal Montoro se dieron en la investidura del presidente andaluz. Un sello de lealtad institucional que en un parpadeo se transforma en confrontación. Y esto no ha hecho más que empezar.
La coalición. Pese a todo, en estos cien días de gobierno sí han cristalizado medidas que pertenecen en exclusiva a la Junta, como la aprobación de un plan de choque contra el empleo, dotado de 200 millones y dirigido a 11.000 parados de larga duración. También se aprobó la reforma de la administración periférica, que adelgazó el número de altos cargos en un 50% y condensa la labor de las 11 consejerías en cinco grandes delegaciones provinciales. Del pacto PSOE-IU, lo primero que fructificó fue la comisión de investigación en el Parlamento del fraude de los expedientes de regulación de empleo (caso ERE), que hará comparecer en los próximos días a 17 miembros y exmiembros de la Junta, incluido Griñán y su predecesor, Manuel Chaves.
Paradójicamente, el pulso de la Junta con el Gobierno del PP es el pegamento que mantiene unido, por ahora, a PSOE e IU dentro del Ejecutivo andaluz. La última encuesta del Cadpea sobre intención de voto suspendió a la coalición de izquierdas, pero puntuó peor al PP-A, el partido más votado en las autonómicas y el único que representa a la oposición. El sondeo dio como vencedor al PSOE (39,7% de los votos) sobre el PP ( 37,6%) por primera vez en dos años. Con todo, las tripas de IU no han dejado de sonar desde que se aprobó el plan de ajuste, con el rechazo frontal de los sindicatos, los funcionarios y parte de la militancia. Un sector crítico recela de cada recorte que aplica la Junta, y ya no se conforma con desviar la responsabilidad a Madrid. Valderas movilizará a los suyos contra Rajoy en septiembre, y espera que Griñán desfile junto a él detrás de una pancarta. "Yo lo veo de un rojo cada vez más subido", bromea.
