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12.000 euros tuvieron la culpa

el 15 nov 2012 / 22:43 h.

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El caso Camas se destapó de forma precipitada el 14 de septiembre de 2005 cuando los cuatro juzgados -el exalcalde de IU, Agustín Pavón, los exediles del PP, Antonio Enrique Fraile; y del PA, José del Castillo; y el empresario de Bormujos Eusebio Gaviño- fueron detenidos junto al exconcejal del PP Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas, al que posteriormente se le retiró la denuncia.

La Policía supuestamente decidió intervenir porque en uno de los pinchazos telefónicos se escuchó decir a uno de los imputados que habría que enviar un sicario a la denunciante y exconcejal de IU Carmen Lobo por no haber seguido sus consignas.

Y es que esta mujer cogió a Gaviño un sobre con 12.000 euros en la Taberna Medieval de la calle Torneo de Sevilla. El dinero era para convencer a Lobo de que en el pleno del día siguiente, el 13 de septiembre, votase a favor de una serie de recalificaciones urbanísticas. Pero no fue así, y la exconcejal de IU se salió del guión y no siguió las directrices fijadas por los cuatro enjuiciados.

Otra pieza clave de este caso fue el exmilitante de IU y por entonces pareja de Lobo Francisco Gordo, persona con la que, según el fiscal, contactan los ahora condenados por el jurado popular para que mediara con su compañera a cambio de un "beneficio económico".

Gordo ha sido pieza clave en toda esta historia porque se encargó de grabar varias conversaciones, una de ellas en casa de Gaviño en la que estaban los enjuiciados y en la que reclamó dinero en varias ocasiones para que Lobo diese su apoyo al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Camas formado por IU, PP y PA, que no contaba con mayoría absoluta, y que se encontraba en una situación muy difícil. Las causantes de esta situación fueron la propia Lobo, que se marchó de IU, y la por entonces edil del PP Inmaculada Larrinaga, que dejó su grupo. El PSOE también reclamaba el apoyo de estas ediles, sin éxito.

Los votos de estas dos mujeres eran imprescindibles para desbloquear la situación en Camas y para que saliesen adelante proyectos urbanísticos como la recalificación de una parcela en la calle Santa María de Gracia; así como 93 hectáreas de terreno en la vega de El Manchón, donde presuntamente estaban proyectados varios negocios como un gimnasio que quería levantar Gaviño.

Presuntamente el pelotazo urbanístico que se hubiera podido lograr si Lobo hubiese votado a favor de esas recalificaciones era enorme, puesto que, según la Fiscalía, Gaviño llegó a ofrecer a la exconcejal de IU grandes cantidades de dinero: 1,2 millones de euros y un chalé a nombre de terceros, sólo por su voto.

Aunque han pasado siete años desde que saltó este escándalo urbanístico, quizás el de mayor repercusión en la provincia de Sevilla, y ya está a punto de cerrarse, su tramitación no ha estado ausente de polémica: las grabaciones, las pruebas clave, se anularon en marzo de 2008; hubo cambio del juez de instrucción en tres ocasiones; y la estrategia de la defensa se basó en alargar los plazos al pedir todas las garantías posibles para los procesados.

Pero si la tramitación ha sido larga, el juicio también se ha demorado más de lo inicialmente previsto. En buena parte ha sido por las indisposiciones de Eusebio Gaviño que llegaron a molestar y mucho al magistrado del caso, que llegó a ordenar su ingreso en prisión durante varios días para garantizar que prestase declaración y no se eternizase el juicio. El magistrado entendió que Gaviño estaba obstruyendo deliberadamente el proceso.

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