La presidenta de la Junta, Susana Díaz, abraza a su antecesor, José Antonio Griñán, en el debate de investidura
El millón y medio de parados andaluces querrán olvidar 2013, un año muy duro en el que la crisis se ha revelado con toda su crudeza en muchos hogares. 365 días que han dado para largo. Dos mujeres han marcado el pulso de la actualidad en la comunidad. Una joven socialista que antes de llegar a los 40 años se ha convertido en la primera presidenta de la Junta: Susana Díaz. Y una jueza implacable que ha sacudido los cimientos del Gobierno andaluz con el caso de los ERE: Mercedes Alaya.
El escándalo de las facturas falsas de UGT ha cimbreado al sindicato a escala nacional y el conflicto diplomático con Gibraltar, traducido en interminables colas para los vecinos de las localidades gaditanas de la zona, ha encendido la mecha entre España y Reino Unido. Andalucía ha sido pionera en frenar los desahucios frente a los bancos pero no ha logrado reducir las largas colas en las oficinas del INEM. Nueve mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas, las protestas contra los recortes han ocupado las calles y los corruptos de Malaya han oído una sentencia que para muchos dista de ser ejemplar. 13 noticias que han marcado un 2013 que, para muchos, será una alegría poder despedir.
La nueva lideresa 1 En 2013 por primera vez una mujer ha llegado a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La socialista Susana Díaz (Sevilla, 1974) relevó a José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz el pasado mes de septiembre, después de que el expresidente anunciara por sorpresa su retirada 15 meses después de conservar el Gobierno gracias a un pacto con IU. Griñán se marchó apostando por el relevo generacional y para evitar más daño por el caso de los ERE. Díaz ha revolucionado el panorama político en solo 100 días de gobierno y ha logrado una indiscutible proyección nacional. La nueva lideresa del PSOE ha supuesto un revulsivo para su partido y ha prometido luchar contra el paro y la corrupción, aunque de momento cosecha más titulares que hechos. Fue su decisión renovar el Gobierno andaluz, con la salida de cinco consejeros para eliminar cualquier conexión con el caso ERE, la presunta trama corrupta tejida con fondos de Empleo que investiga un juzgado sevillano y que acorraló al Gobierno andaluz durante los primeros meses del año. Con un nuevo estilo, un discurso más cercano y directo, Díaz ha conseguido tantos fans como detractores. Para la oposición es solo una estrella fugaz que pasará y la heredera de la corrupción del PSOE en Andalucía en las últimas décadas. Para el PSOE es la esperanza blanca y la candidata ideal para sustituir a Rubalcaba.
La jueza implacable 2 Mercedes Alaya se coló en la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz con un auto judicial en el que, por primera vez, apuntaba a lo más alto del Ejecutivo andaluz. La jueza que investiga con mano de hierro el caso de los ERE y que pone en cuestión a sucesivos gobiernos por permitir la concesión de ayudas de Empleo mediante un sistema que considera ilegal y urdido para beneficiar a un régimen político, el socialista, se ha atrevido en dos autos el primero fue anulado por la Audiencia a señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros cinco exconsejeros del Gobierno. Ante la magistrada, declaró la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, y casi un centenar de imputados aguardan para responder a sus inquisitivos interrogatorios. Alaya, que pese a declinar ayuda en su juzgado lleva cuatro de las grandes macrocausas por corrupción o prevaricación que se instruyen en Andalucía, camina lento y apunta alto, mientras que las defensas advierten de que existe el peligro de que prescriban los delitos. Ella ha marcado la agenda en Andalucía. Y no solo la judicial, por supuesto también la política. El sindicato pillado 3 La Guardia Civil desembarcó a las puertas del sindicato UGT Andalucía ya entrado noviembre, pero el escándalo acorrala las siglas ugetistas desde el verano. Entonces ya la Fiscalía abrió diligencias para investigar el incesante goteo de informaciones y documentos internos que apuntan a que UGT pudo falsear facturas y desviar fondos públicos de la concertación social para destinos tan diversos como comidas de Feria, viajes, maletines falsificados en Asia que regaló a sus afiliados u obras de reforma en sus sedes. Durante meses el sindicato trató de ignorar el escándalo y se declaró víctima de una cacería mediática. Se equivocó. La Audiencia Nacional remitió el caso a la jueza Alaya, que también está al frente de esta investigación. Las tensiones internas afloraron ante la pasividad del sindicato y finalmente, tras confirmar la Junta el desvío de 1,8 millones de euros, el secretario general, Francisco Fernández, tuvo que dimitir. Enero será clave para saber si el sindicato opta por un cierre en falso o de verdad va a renovar sus estructuras. También la cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) está tocada por los escándalos y su presidente, Santiago Herrero, dará el próximo año un paso atrás. 2013 será también el año en el que el Gobierno, ante las sospechas de mal uso de fondos públicos, anunció que la concertación tal y como se entendía en Andalucía desde 1993 ha muerto.
El líder ausente 4 El Partido Popular de Andalucía despide el año sin candidato a la Junta y con un liderazgo difuso en un partido sin pulso. Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y presidente del PP-A en sustitución de Javier Arenas, no ha logrado convencer a sus jefes en Madrid de que es necesario señalar a un nuevo líder popular en Andalucía antes de que acabe el año. Zoido revistió su liderazgo de interinidad en el mismo momento en el que accedió a su cargo y dejó claro que su futuro estaba en la alcaldía sevillana. Desde entonces, el PP-A ha dilapidado, según las encuestas, el caudal político que logró encadenando tres victorias consecutivas en las últimas elecciones celebradas en Andalucía (generales, municipales y autonómicas). Rajoy y su táctica de posponer los problemas han debilitado aún más a un PP-A que no ha superado aún quedarse a las puertas del Gobierno andaluz después de 30 años en la oposición y huérfano de liderazgo.
Recursos cruzados 5 Pese a guardar las formas, Junta y Gobierno no han cesado en su particular guerra en los tribunales. Ambos ejecutivos han llevado al Constitucional algunas de las medidas más relevantes del contrario. Andalucía recurrió las reformas en la sanidad y la educación promovidas por Rajoy bajo el argumento del ahorro y la sostenibilidad. Ha denunciado también las tasas judiciales o el copago farmacéutico y guarda en la cartera recursos de inconstitucionalidad contra la ley de educación del ministro Wert que ya ha dicho que va a sortear en algunos de sus aspectos más polémicos, la reforma local o la ley del aborto. Enfrente, el Gobierno central ha logrado frenar la norma contra los desahucios aprobada con gran eco social en Andalucía o la subasta de fármacos como medida de presión a los laboratorios para bajar los precios.
Recortes y recortes 6 El Gobierno de PSOE e IU mantiene a salvo su pacto pese a que la tijera ha vuelto a hacer estragos en las cuentas públicas de la comunidad. El Ejecutivo autonómico ha logrado aprobar un Presupuesto para el próximo año con 1.200 millones de euros menos y que atiende al estricto objetivo del 1% del déficit público. No ha sido fácil. PSOE e IU pelean por erigirse en protagonistas de un Gobierno de izquierdas que quiere demostrar que se pueden hacer las cosas de forma diferente al Ejecutivo del PP y Mariano Rajoy. Frente a las privatizaciones de centros sanitarios, el copago farmacéutico o los tajos a la ley de dependencia, Andalucía se ha empeñado en mantener a flote la sanidad, la educación y los servicios sociales, optando por dar una estocada de muerte a la inversión pública. Se salvan prestaciones pero se entierra el único arma capaz según los expertos de revivir la construcción en una comunidad hundida en la depresión del paro. Las tensiones entre los socios de Gobierno han sido importantes, sobre todo por la decisión de volver a meter la mano en el bolsillo de los empleados públicos. Andalucía se sitúa entre las pocas comunidades que no restaurará la paga extra a los funcionarios. Éstos se han hecho oír en las calles. Profesores y médicos alertan de que recortar sueldos, restringir contrataciones o no reponer vacantes es otra manera de deteriorar la calidad de estos servicios públicos fundamentales. La Junta insiste en que sus números de resistencia son casi un milagro con la dura soga que ata al cuello de la comunidad las exigencias de la Troika y de Rajoy.
El paro aplasta 7 Un 36,4% de la población andaluza en edad de trabajar se levanta cada mañana esperando empezar el día con un empleo. El millón y medio de parados es un dato insoportable, según admite el propio Gobierno andaluz, y las estadísticas oficiales, aunque apuntan a una ligera mejoría en los últimos meses del año, no dan grandes respiros. La Junta ha puesto en marcha planes contra el paro de resultados dudosos y mejorables, en palabras de la presidenta de la Junta. El Gobierno de la nación se niega a aprobar un plan especial para la comunidad como sí ha hecho en comunidades como Extremadura o Canarias. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el parón en la construcción han hundido en el desempleo a muchos andaluces. Quienes buscan su primer trabajo tampoco lo tienen fácil, con demoledoras tasas de paro juvenil que superan el 50%. Andalucía sabe que tiene que cambiar su modelo económico y productivo pero las inercias mandan y el oxígeno que ofrecen sectores resistentes como el agroalimentario o el turismo no es suficiente para un problema que amenaza con lastrar la recuperación económica.
Stop al desahucio 8 El Gobierno de Andalucía ha saltado a los telediarios nacionales no solo por los escándalos de corrupción sino también por poner en marcha medidas sociales, de izquierda y novedosas que han nacido bajo el lema de que es necesario plantar cara a los más poderosos. Andalucía ha sido la primera comunidad en expropiar pisos a los bancos. Lo ha hecho para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión. La Consejería de Fomento logró ponerse al frente de un activo movimiento ciudadano para frenar el drama de los desahucios. Lo ha logrado en casos contados y más de un centenar de expedientes aguardaban en los cajones hasta que el Gobierno central ha anunciado que, por segunda vez, frenará esta medida en el Constitucional. La onubense María del Carmen Andújar fue la primera beneficiada por esta medida, limpiadora, con marido en paro y cuatro hijos. El Gobierno andaluz también ha abanderado un plan contra la exclusión social que contemplaba al menos tres comidas en los colegios para los niños más necesitados y bonos de comedor para los ancianos más desvalidos. También se han promovido contrataciones a través de los ayuntamientos para parados de larga duración. En cartera hay dos medidas que no acaban de cuajar y de la que recela la parte socialista del Gobierno andaluz: impedir los desahucios energéticos pagando las facturas de luz y agua en invierno y condonar la deuda de los alquileres sociales con trabajos comunitarios. Se abre el debate sobre las ayudas sociales y la beneficencia o la caridad. Condena al gilismo 9 La sentencia de Malaya, hecha pública el pasado 4 de octubre, condenó a 52 de los 95 procesados a un total de 131 años de cárcel y al pago de una multa global de 585 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba 490 años de prisión y 3.800 millones de euros en multas. Uno de los mayores casos de corrupción juzgado en España acabó con penas mucho menores de las esperadas. En el banquillo se había sentado lo más granado del gilismo. Marbella ponía fin a tres lustros, 15 años de corrupción generalizada que había saqueado las arcas del pueblo más rico y glamouroso de la Costa del Sol. El cerebro del saqueo, Juan Antonio Roca, principal acusado y jefe de la trama corrupta, fue condenado a 11 años de reclusión y una multa de 240 millones de euros. La pena para el exalcalde Julián Muñoz, que ya había sido condenado a siete años de cárcel en un juicio junto a la tonadillera Isabel Pantoja por blanqueo de capitales, se saldó en el caso de Malaya con dos años de prisión. La Audiencia de Málaga defendió que las penas impuestas eran las máximas posibles y dejó claro que no se condenaba una época, el gilismo, sino un caso concreto en cuya investigación, además, ha sido imposible decomisar bienes por el valor del dinero público defraudado.
El pueblo no se creyó a Bretón 10 En mitad de un gran revuelo mediático, el pasado mes de julio un jurado popular condenó por unanimidad a José Bretón, padre de los pequeños Ruth y José, a un total de 40 años por dos delitos de asesinato, los de sus dos hijos en Córdoba el pasado 2011.
Las siete mujeres y los dos hombres que integraron el jurado del caso emitieron por unanimidad un veredicto de culpabilidad tras tres días de deliberación. Atrás quedó un caso que conmocionó al país, cuando se conoció que Bretón quemó a sus hijos en una pira funeraria que elaboró en una finca familiar en Córdoba con el objetivo de no dejar rastro. El asesino, que ha recurrido ahora su sentencia alegando que se violó la presunción de inocencia, quiso castigar de la forma más cruel posible a su exmujer, de la que se hallaba en trámites de separación. Su frialdad durante el juicio y los escritos que difundió a través de los medios de comunicación no le sirvieron para convencer a un jurado que no tuvo dudas sobre su culpabilidad.
El Peñón de la discordia 11 Para algunos era solo una serpiente de verano, la típica noticia que surgía en agosto para tapar males mayores, pero el conflicto diplomático con Gibraltar desencadenó un duro roce entre los gobiernos español y británico que aún colea al terminar el año. La decisión del gobierno gibraltareño de tirar bloques de hormigón al mar para ganar terreno en su costa provocó la indignación de los pescadores de la zona y desencadenó la denuncia firme del Ejecutivo español. Reino Unido se revolvió y ambos países acudieron a Europa a cargarse de razones en este conflicto. España endureció los controles en la frontera de acceso a Gibraltar y pidió que además de estudiarse el daño medioambiental que se provocaba con los bloques de hormigón, se pusiera bajo la lupa supuestas actividades ilícitas como el contrabando de tabaco en la Roca, el juego online o las leyes fiscales que convierten el Peñón en un paraíso fiscal.
Bruselas envió vigilantes a la zona y consideró que los controles en la frontera eran legales aunque hizo una llamada a las partes para abrir el diálogo. Los más perjudicados, al margen de los negocios gibraltareños, son los vecinos de la zona, sobre todo del municipio de La Línea, que sufren largas hora de espera cada día para cruzar camino del trabajo al otro lado de los controles policiales.
Nueve crímenes 12 Estefanía, de 66 años, apareció muerta en su casa el pasado 5 de noviembre y se convirtió en la víctima número nueve de una violencia, la machista, que no cesa.Tenía 66 años pero estos crímenes han vuelto a dejar claro durante 2013 en Andalucía que no entienden de edad. Una niña de seis años apareció asesinada en Campillos a manos presuntamente de su padre y una mujer en Écija, degollada supuestamente por su marido, abrió la estadística del año. A una chica de 22 años la apuñaló su expareja en plena calle en Jerez y un mes después otra joven de 29 fue hallada muerta en su piso de Granada. Así, hasta nueve.
La chica de Presidencia 13 Despedida sonada. El Defensor del Pueblo, José Chamizo, abandonó su cargo después de 17 años y tras un pacto de los tres partidos del Parlamento. Nadie descolgó el teléfono para avisarlo y Chamizo, que consiguió que muchas ONGs y asociaciones recogieran firmas contra su destitución, se marchó arremetiendo contra esa chica de Presidencia hoy presidenta de la Junta y un psicópata del PP. Es uno de los pocos acuerdos a tres bandas cerrados en el Parlamento.El otro puso de acuerdo a PSOE, PP e IU para aprobar una subida encubierta del sueldo de los diputados que, ante la indignación social, tuvo que cancelarse.
