Un total de 139 de los más de 800 expedientes que el Registro Civil de Córdoba tramitó en 2008 para otorgar la nacionalidad española a inmigrantes saharauis serán cancelados a petición del fiscal, que cree que la resolución no se ajustó a la legalidad.
Hace dos años, a instancia de su secretaria judicial, Rocío Montes, el Registro Civil de Córdoba tramitó alrededor de 800 expedientes de este tipo amparándose en dos sentencias del Tribunal Supremo.
Esto produjo un efecto llamada de inmigrantes saharauis que masivamente acudieron al juzgado encargado del Registro Civil de Córdoba creyendo que a través de la tramitación de estos expedientes obtendrían la nacionalidad española.
Ante la situación generada, se produjo la intervención del fiscal para revisar los expedientes y la dirección general de los Registros y del Notariado coincidió con su criterio y reconoció que la tramitación no había sido correcta. Por ello, el Ministerio Público pidió anular 139 solicitudes de las 800 tramitadas, según informó ayer en rueda de prensa el fiscal delegado en materia de extranjería de Córdoba, Antonio Rafael Romero.
Además, ha interpuesto 22 demandas de juicio declarativo ordinario contra las resoluciones que ya habían concedido la nacionalidad española a inmigrantes saharauis, al entender que no se habían resuelto conforme a la ley al no intervenir el fiscal. De estas 22 demandas, ocho ya se han resuelto acorde a las peticiones del Ministerio Público.
También se ha iniciado la revisión del último grupo de expedientes que fueron resueltos por el encargado del Registro Civil de Córdoba con informe favorable de la Fiscalía -o sin informe de ésta- en los que tras haber sido notificada en tiempo y forma la resolución, no fue recurrida.
En este caso, el Ministerio Público ha optado por promover nuevos expedientes solicitando que se dicte resolución en la que se declare con valor de simple presunción que los referidos ciudadanos no son españoles de origen, así como la anotación marginal de esta nueva resolución en la inscripción de nacimiento ya practicada.
En materia de extranjería, la memoria de la Fiscalía de Córdoba, presentada ayer, recoge también un aumento del 130% en sus informes sobre presuntos matrimonios fraudulentos. Concretamente, el año pasado emitió 23 expedientes desfavorables. También crecieron un 141% los informes a favor de la expulsión de extranjeros en situación irregular antes de la celebración de juicio, aunque las sentencias bajaron un 24%.
El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, aprovechó el acto para denunciar que la Fiscalía "se encuentra en niveles próximos a la saturación".
