El Gobierno central planteó ayer formalmente la prórroga de la encomienda de gestión transitoria del Guadalquivir para seguir negociando con la Junta la solución definitiva sobre la gestión compartida del río. La imposibilidad de cerrar un acuerdo en estos seis meses obliga a ampliar el plazo legal 15 días más, poniendo como tope el próximo 21 de octubre, dos semanas antes del arranque oficial de la campaña electoral.
La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el consejero del ramo, José Juan Díaz Trillo, firmaron en Córdoba la prórroga del convenio que permitirá a la Junta seguir gestionando las políticas del agua, siempre dentro de la cuenca que discurre por territorio andaluz, informa Europa Press. El Ejecutivo andaluz asumió ayer la prórroga como una muestra de interés para desatascar el conflicto. Fue un cambio de registro que contrasta con la reacción que tuvo la Junta, 24 horas antes, tras oír al vicepresidente Manuel Chaves anunciar que quizá sería necesario la prórroga de "unos días". La consejera de Presidencia, Mar Moreno, compareció acto seguido para exponer "la preocupación y el malestar de la Junta por los problemas de última hora que había expuesto" el Gobierno, y advirtió de que la negociación no podía prorrogarse sine die.
Tanto Gobierno como Junta han reconocido la dificultad de hallar una fórmula que preserve la gestión andaluza del río y que tenga garantía jurídica. Pero la lectura que hacen de la falta de acuerdo es distinta. El Estado sostiene que las pretensiones de Andalucía para conservar el mayor margen en la gestión del río (autorizaciones, cánones, embalses, calidad del agua...) tienen difícil encaje legal. La Junta, en cambio, se queja de que el Gobierno ha introducido "problemas de última hora" y le acusa de plantear una fórmula con límites que está "muy lejos de lo acordado".
Andalucía ostentaba las competencias exclusivas sobre el río desde la aprobación del nuevo Estatuto. Dos años después, en 2010, el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia retirándole esa exclusividad, alegando que no se podía romper la unidad de una cuenca que cruzaba otras regiones. El fallo del TC dejó en el aire toda la gestión de las políticas del agua que Andalucía había desarrollado durante dos años, desde la aprobación del Estatuto. Para darle soporte legal se aprobó la encomienda de gestión, que permitió a la Junta seguir desarrollando sus políticas hidráulicas, mientras se buscaba la solución.
En la comisión bilateral del pasado 16 de septiembre, Gobierno y Junta acordaron buscar una fórmula que permitiera a Andalucía conservar gestión propia y participar en la toma decisiones de las competencias devueltas al Estado. Pero la fórmula no ha cuajado en seis meses, principalmente porque el margen legal que ha dejado el Constitucional es muy estrecho. El coste económico y de personal que supone la devolución de competencias dificulta la solución. Hacienda, uno de los tres ministerios que negocia con la Junta (junto con Política Territorial y Medio Ambiente) advierte que resolver la financiación del traspaso de funcionarios y medios no es fácil. La Junta gestiona una plantilla de 735 trabajadores, de los que sólo es seguro que conservará un centenar de la policía hidráulica (reconocida en la Ley de Aguas).
PP e IU, los sindicatos de funcionarios, los regantes y los ecologistas criticaron el pulso entre Gobierno y Junta por el río. El PSOE, en cambio, valoró la respuesta "inmediata" del Estado.
