En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial condena al encartado a 16 años de cárcel por un delito de asesinato, todo ello con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de anomalía psíquica por "prolongada" drogadicción.
Hay que recordar que el jurado popular que enjuició a Juan Luis G.G. durante los pasados días 22 y 23 de marzo de 2010 declaró al acusado culpable del hecho delictivo de dar muerte a José V.M. "por sorpresa, aprovechándose así de la ausencia de cualquier posible intento de defensa por parte de la víctima", considerando el jurado que el encartado "tenía levemente disminuida su voluntad como consecuencia de la grave adicción a las drogas que padece".
Respecto a los hechos, el Jurado consideró probado que la noche del 23 de diciembre de 2008, el acusado clavó un destornillador a la víctima en la zona supraclavicular izquierda y en la nuca, "causándole la muerte de forma intencionada, pues era consciente de que, clavando en la zona del cuello o en la parte superior del pecho un objeto punzante, podía matar al agredido".
En este sentido, la Audiencia Provincial señala en la sentencia, consultada por Europa Press, que el acusado "puso fin a la vida de J.V.M. apuñalándolo por sorpresa, de manera súbita y repentina, aprovechando así deliberadamente la ausencia de cualquier posible intento de defensa por parte de la víctima".
De esta forma, el imputado "se aseguró del resultado de la muerte, sin riesgos procedentes de un eventual intento de defensa del apuñalado, que se hallaba desarmado", y agrega que el autor de los hechos "tuvo intención de matar", tanto por el arma empleada en la agresión como por la zona vital del cuerpo a donde dirigió el ataque, mientras que "la trayectoria de las heridas fue de arriba a abajo, lo que denota una clara intención de atacar o agredir y no de defenderse".
El Ministerio Público había solicitado para el acusado 17 años y seis meses de prisión por un delito de asesinato y el pago de una indemnización de 100.000 euros a favor del hijo de la víctima, mientras que la acusación particular pidió la imposición de la misma pena. De igual modo, el abogado defensor del encartado solicitó la imposición de la mínima pena legalmente aplicable, así como que se ponderase la cantidad correspondiente a las responsabilidades civiles, "habida cuenta de que no se ha acreditado perjuicio material alguno".
