Unas 160 mujeres vejadas por el franquismo ya han solicitado la indemnización de 1.800 euros que la Junta aprobó en septiembre conceder a estas víctimas de la represión durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. La Consejería de Gobernación y Justicia ya ha aprobado medio centenar de ellas. En la mayoría de los casos se trata de mujeres que fueron humilladas en pueblos y que hoy rondan los 90 ó 95 años.
El decreto por el que la Junta aprobó estas ayudas estipula un plazo de tres meses para reclamarlas que expira el próximo 13 de enero, si bien ante las críticas de varias asociaciones de memoria histórica se planteó la posibilidad de ampliarlo. El viceconsejero de Justicia, José Antonio Gómez Periñán, explicó que la decisión no se tomará hasta que termine el plazo tras ver si el número de solicitudes presentadas se acerca a las previsiones de la Junta, aunque "si una mujer entrega la solicitud el 14 de enero no la vamos a desechar por estar fuera de plazo".
Tanto Gómez Periñán como el comisario de Memoria Histórica, Juan Gallo, reconocieron que no esperaban muchas más solicitudes de las ya recibidas. Las víctimas más jóvenes que sufrieron estas vejaciones entre 1936 y 1950 eran entonces adolescentes y hoy la mayoría son muy mayores o han muerto, además de las que por vergüenza aún siguen ocultándolo.
Son mujeres que no pasaron por la cárcel o campos de trabajo, ya que en este caso pueden beneficiarse de las ayudas para el resto de represaliados aunque desde 2001, en Andalucía se han concedido este tipo de indemizaciones a 2.480 personas y sólo 85 son mujeres. Estas ayudas pretenden ser una reparación simbólica de una forma de represión de la que no ha quedado registro, basada principalmente en rapar a hijas o esposas de republicanos y pasearlas por su pueblo para escarnio público (por lo que fueron conocidas popularmente como pelonas) así como darles aceite de ricino que provocaba que se hicieran sus necesidades encima, sin olvidar las violaciones y agresiones sexuales.
Muchas tuvieron que dejar sus pueblos al quedar marcadas y aún hoy les cuesta hablar de ello, aunque asociaciones de memoria histórica como la de Granada ha recopilado algunos testimonios en vídeo para preservarlo e historiadores como Pura Sánchez también han sacado a la luz historias de vida como la de Ángeles Carazo, protagonista de su libro Individuas de dudosa moral, ya fallecida.
En muchos casos quienes se acercan a las asociaciones para informarse y tramitan la ayuda -que sólo pueden cobrar ellas- son los familiares, como los nietos de dos nonagenarias de Cullarvega y Guadix (Granada). Al no haber registro documental de todo esto, el propio decreto admite como prueba los testimonios de terceros o la propia declaración jurada de la víctima.
Como la mayoría de las medidas relacionadas con la memoria histórica, estas ayudas no estuvieron exentas de polémica política. Tras su aprobación, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aludió a las muchas víctimas actuales de la violencia de género que no reciben ninguna ayuda y el consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, llegó a calificar la iniciativa de "vomitiva". El PSOE andaluz llevó al Parlamento una Proposición no de Ley de apoyo al decreto para forzar al PP-A a pronunciarse, algo que los populares eludieron al no votar. En el debate, el PP mostró su "apoyo total a todas las víctimas de la dictadura" pero instó a "cerrar las heridas", además de acusar al Gobierno de fraccionar las ayudas existentes para crear una "cortina de humo" que tapara otras preocupaciones. El PSOE lamentó los problemas del PP para "romper amarras con el franquismo" y conminó a los populares a "no mirar para otro lado".
