La falta de información sobre el dinero que el Gobierno de la nación destinará este año para el Programa de Fomento Agrario (PFEA), antiguo PER, y el reparto que se hará del mismo tiene las carnes más que abiertas al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y a la mayoría de los alcaldes sevillanos cuyos municipios y ciudadanos se benefician de estos fondos.
Su preocupación está más que justificada y se basa en datos concretos. El año pasado llegaron 45,2 millones de euros a la provincia de Sevilla gracias al PFEA, 32,3 millones para mano de obra y 12,9 millones para material. Gracias a esta partida se pudieron ejecutar 660.000 peonadas, lo que equivale a unos 18.000 contratos temporales para desempleados.
Además del elevado número de contratos que se pudieron firmar, éstos estuvieron repartidos por la mayoría de los municipios. No en vano llegaron los fondos a 109 entidades locales entre ayuntamientos y mancomunidades, que han ejecutado o están realizando 396 actuaciones -el plazo del inicio de estas obras comenzó en julio-agosto de 2011 y tendrán que concluir en junio de este año-.
Con estos números en la mano, el presidente de la Diputación volvió a mostrar ayer sus temores por el silencio del Gobierno central, "porque el año pasado por estas fechas el reparto de los fondos ya se había realizado". Asimismo, indicó que este año el dinero que se destine para el antiguo PER debería incrementarse, "por la situación actual que vive el campo, con una sequía técnica que implicará una bajada de la producción y una merma de las peonadas".
A este problema, Villalobos sumó el de los trabajadores que se han quedado parados con la crisis y que están regresando a los pueblos.
El presidente de la Corporación provincial, asimismo, manifestó que históricamente los trabajadores del campo han sido los más desprotegidos, "pero con estos fondos se ha logrado que el poco trabajo que hay en el campo se hay visto completado" con el antiguo PER, "lo que ha servido para que la población rural se asiente".
Asimismo, Villalobos recalcó que los que están especialmente preocupados son la gente del campo y los alcaldes, "que son los grandes sufridores".
Y es que los regidores estiman que si el PFEA desaparece "es la muerte de los pueblos andaluces", Así de contundente se pronunció ayer el alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), quien indicó que en su municipio -unos 5.000 habitantes- se benefician de las peonadas unas 500 personas al año. Además, aclaró que con estos fondos el 30% de los contratos se realizan a personas cualificadas que no proceden del campo.
Igual de contundente fue el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), quien indicó que aunque los contratos sean por un periodo corto de tiempo sirven para subsistir, además insistió en que este dinero se invierte en mejorar las infraestructuras de los municipios. Valle dijo temer que este silencio sea una maniobra del PP para seguir los consejos de algunas voces que abogan por suprimir el PFEA y que se dedican a desprestigiar a Andalucía.
Por su parte, la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), comentó que la falta de información sobre el futuro del PFEA está impidiendo que los municipios puedan planificar qué obras podrán realizar, a lo que se une, según insistió, que estos fondos son imprescindibles para los ciudadanos y las infraestructuras de los pueblos.
