La Policía Nacional detuvo a 27 personas acusadas de falsedad documental e intrusión profesional por comprar títulos universitarios en dos academias situadas en Málaga y Alicante, que expedían títulos falsos procedentes de Perú por 18.000 euros. Los dueños de ambas academias fueron arrestados.
Un total de 27 personas fueron detenidas por la Policía en 18 ciudades españolas, entre ellas Málaga, Sevilla, Granada, Jaén y Córdoba, por estar implicadas en la falsificación y compra de expedientes académicos y títulos universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades peruanas. Las investigaciones continúan y no se descartan próximas detenciones en Lima de responsables de que la documentación llegara a España.
La mayor parte de los arrestados, entre ellos ocho andaluces, habían obtenido ilegalmente títulos universitarios que les acreditaban como médico cirujano, psicólogo, técnico en terapia física y rehabilitación, químico farmacéutico, ingeniero forestal o historiador.
En clínicas. Algunos de ellos, amparados en estos títulos falsos ejercían en clínicas privadas en las que inyectaban silicona o botox, recetaban fármacos o ejercían como fisioterapeutas.
Según fuentes policiales, uno de los imputados trabajó en una residencia de ancianos en Cáceres, en la que cometió una imprudencia profesional que pudo costarle la vida a un anciano por la receta de unos fármacos.
La Policía, que ha bautizado este desmantelamiento como Operación Estudiante, comenzó a realizar detenciones en San Sebastián donde tres supuestos fisioterapeutas declararon haber obtenido sus títulos previo pago de 18.000 euros.
Tras realizar registros en Alicante, Málaga capital y Fuengirola, estas primeras detenciones permitieron identificar la academia alicantina Adipacul, situada en un piso de la localidad de Vega Baja, cuyo propietario es Eduardo P.M, que poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en medicina y cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia como diplomada.
Los datos bancarios de la citada academia reflejaban numerosas transferencias en concepto de convalidación de títulos que permitió a la policía confeccionar un listado de ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos individuos habían conseguido ya que se les homologara el título de forma ordinaria. De esta forma la Policía averiguó que E.P.M tenía un socio residente en Málaga, José L.M, donde poseía otra academia desde la que ofrecía estas falsificaciones.
Según la Policía, los propietarios de las academias mantenían contactos con distintos sujetos en universidades de Perú, hasta donde viajaban periódicamente.
Títulos ilegales. Una vez que había un comprador y expedían los certificados oportunos y la resolución rectoral, los detenidos pedían una cantidad de dinero en concepto de anticipo al cliente entre 6.000 y 12.000 euros y un último pago una vez que el individuo interesado poseía toda la documentación.
Parte de los títulos expedidos, cuya realización se justificaba a través de una universidad virtual creada por los propietarios de las academias, eran licenciaturas de médico cirujano. En alguno caso, los imputados tenían centros de medicina estética donde, entre otras prácticas, fabricaban cremas de reducción de grasa corporal, aplicaban tratamientos antiarrugas, inyecciones de diversas sustancias, radiofrecuencia o dermoabrasión.
Un porcentaje elevado de demanda tenían los títulos de técnicos médicos en terapia física y rehabilitación, que una vez homologado permitía ejercer como fisioterapeuta. La mayoría de los detenidos de esta rama trabajaban como tales en clínicas de rehabilitación o como fisioterapeutas de equipos de balonmano o voleibol entre otros.
La falsificación de titulados en derecho era menor pero también hay casos en los estaban colegiados y ejerciendo como abogados en despachos. Le siguen psicólogos, enfermeros, ingenieros o farmacéuticos.
