El municipalismo será uno de los grandes protagonistas de 2010, no sólo porque toca fijar estrategias con vistas a la cita electoral de 2011, sino porque será el año en el que Andalucía se convierta en la primera comunidad que legisle una mayor autonomía de las corporaciones locales y fije por ley su participación en los tributos del Gobierno autonómico. El último Consejo de Gobierno de 2009 dio el visto bueno a los proyectos de dos leyes locales que vienen a cumplir con un mandato estatutario y una promesa arrastrada por los sucesivos gobiernos socialistas desde 1994 y que legislatura tras legislatura se quedaba en el cajón.
En plena asfixia local, porque la crisis del ladrillo ha mermado casi hasta la mitad los ingresos de los ayuntamientos -procedentes en su mayoría de la venta de suelo y las licencias urbanísticas-, los alcaldes reclaman recursos económicos y recuerdan, más que nunca, que llevan años destinando parte de sus presupuestos a prestar servicios que en realidad corresponden a la Junta, las famosas competencias impropias. La financiación local no será abordada hasta 2011 por el Gobierno central pero la Junta se ha comprometido a aprobar antes de junio de 2010 dos leyes que esclarecen las competencias locales, y por tanto legitiman las peticiones económicas de los ayuntamientos en base a éstas, y regulan los recursos adicionales que el Gobierno andaluz aporta a los consistorios, mediante la primera norma que fija su participación en los tributos de la Junta.
El debate se antoja largo y difícil. En la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, alcaldes de todo signo lograron consensuar sus propuestas y en el Parlamento se constituyó un grupo de trabajo para avanzar un documento aprobado por el PSOE e IU con la abstención de los populares. Y aunque la Junta ha pedido a la oposición sacar estas leyes de la pugna política, el año previo a las elecciones municipales no parece el escenario más apropiado para ello, con los partidos centrados en demostrar a los ciudadanos que si gobiernan en su ayuntamiento arañarán recursos para resolver sus problemas.
Sobre el proyecto final, la principal reivindicación de PP e IU es que la participación de los ayuntamientos no sea en los tributos, como señala el Estatuto, sino en todos los ingresos de la Junta y que los fondos incondicionados -aquellos que reciben los ayuntamientos no sujetos a programas concretos y sobre los que tienen libertad para decidir en qué los gastan- tengan efectos retroactivos. Los alcaldes, por su parte, reclaman menos tutela de la Junta en la ordenación urbanística o la gestión del proceso de escolarización y critican que las 29 nuevas competencias fijadas como propias, muchas ejercidas ya desde hace años, no vayan claramente acompañadas de un incremento de recursos.
En clave electoral, los dos grandes partidos tienen claro sus objetivos pero de momento, el PP lleva la delantera al PSOE en cuanto al diseño de la estrategia y la designación de candidatos. Para el PSOE, las grandes urbes y la costa son sus debilidades, por lo que pidió a la Ejecutiva Federal adelantar la designación de los alcaldables en las ciudades de más de 50.000 habitantes donde no gobierna. El PSOE, inicialmente se negó y finalmente aceptó flexibilizar el calendario fijado por el partido en función de cada caso, pero nunca durante la presidencia española de la UE en el primer semestre del año. El actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quiere tener plena voz y voto en la elección de candidatos y para ello, el PSOE prepara un congreso extraordinario en el que Manuel Chaves le ceda la secretaría general del partido en Andalucía. Sin prisas, que han provocado más de un desencuentro y nervios en el partido, pero sin pausa para que la situación de bicefalia no dañe las posibilidades socialistas.
El PP-A -cuyo reto está en el interior- ya ha designado sus cabezas de cartel en las capitales y las ciudades de más de 25.000 habitantes, donde repetirán la mayoría de los actuales alcaldes o líderes de la oposición. Los populares pondrán toda la carne en el asador en las municipales porque Javier Arenas presume de sus alcaldes como el mejor aval y confía en ellos para llegar en 2012 a la presidencia de la Junta. Entre los minoritarios, IU, con la nueva UPyD disputándole su espacio, planea un importante relevo generacional en los carteles mientras el PA lucha contra la fuga de sus munícipes a otras fuerzas y confía en que el ejemplo del alcalde y los ocho ediles tránsfugas de Ronda no se expanda.
