El Gobierno andaluz abrió ayer un mastodóntico proceso de selección para acreditar con un certificado de profesionalidad a miles de trabajadores en activo que, pese a sus años de experiencia, carecen de titulación. La convocatoria oferta 12.000 plazas y va dirigida al ámbito de la ayuda a dependientes y al cuerpo de maestros en guarderías. Hace un año, la Junta ya intentó poner en marcha este procedimiento, que nunca antes se ha utilizado, y que supone abrir una vía paralela al sistema educativo para acreditar la formación de alguien que nunca ha obtenido el título que en teoría necesita para ejercer su trabajo. El proyecto, que nace de un Real Decreto del Ministerio de Educación, quedó congelado por el difícil ajuste entre la normativa autonómica y la estatal.
Para la primera oleada de convalidaciones, la Junta ha elegido el sector de la dependencia y las guarderías por ser estratégicos en las políticas sociales y porque es donde se está generando más empleo. Los presupuestos autonómicos de 2012 recogen más de 8.000 plazas nuevas de escuelas infantiles y 1.169 millones para la agencia de la dependencia, 666 para prestaciones sociales y residencias. La Junta estima que en estos dos sectores hay 25.000 trabajadores sin título que optarán al proceso. Los sindicatos orientaron sobre el perfil de los candidatos según las necesidades de cada sector: 2.400 plazas para acreditar un título de Educación Infantil; 4.900 para Atención sociosanitaria en domicilio; 3.000 de Atención a dependientes en residencias; mil para Emergencias sanitarias y 700 para Atención a múltiples víctimas y catástrofes. En el campo de las guarderías, la convalidación será equivalente a un título de grado superior (nivel 3 del sistema nacional de cualificaciones profesionales) y en los campos de la dependencia, será un grado inferior (nivel 2).
Requisitos. El proyecto tiene otra razón de ser: es un paso decisivo para hacer que confluyan la Formación Profesional reglada y la ocupacional. De ahí que el plan esté coordinado por las consejerías de Educación y Empleo, y enmarcado dentro del séptimo acuerdo de concertación social.
Los requisitos para poder convalidar experiencia por formación son tener más de 20 años y una experiencia laboral de al menos tres años en la última década, o bien 300 horas de formación ocupacional relacionada con el sector. La selección tendrá dos fases, una primera de asesoramiento y evaluación, y la segunda de acreditación y registro. La Junta ha invertido más de cuatro millones de euros para costear este macroproceso. Primero se ha apoyado en empresas externas a la administración para baremar a los candidatos y ver si la información que presentan en su solicitud es correcta (el plazo de solicitud estará abierto 15 días). A continuación ha reclutado a 1.300 asesores y evaluadores (profesores de FP, catedráticos de ESO o profesionales del sector) para hacer la segunda criba. Estos expertos tendrán que valorar de forma individualizada las posibilidades de cada aspirante para convalidar su saber hacer por una especie de minitítulo que acredite su nivel profesional. En el argot educativo lo llaman unidades de competencia, que sería como la mínima parte en la que podemos dividir un título académico. Por ejemplo, el grado superior para trabajar en una guardería se puede dividir en siete unidades de competencia, y cada una acredita un conocimiento específico sobre una pequeña parte de la profesión. Cada unidad de competencia se corresponde con un certificado de profesionalidad, que es un título mínimo al que aspiran los candidatos.
Las unidades de competencias están perfectamente definidas, y el aspirante debe elegir bien cuál se corresponde con su experiencia, ya que en la siguiente fase le pondrán a prueba. Los asesores utilizarán una plantilla para clarificar sus posibilidades (guías de evidencia) y le orientarán sobre qué aspectos de su profesión puede convalidar. "El proceso es riguroso y puede descubrir deficiencias en su formación. Se trata de contrastar lo que sabe con lo que debería saber para ocupar un puesto de trabajo", dice el director general de FP, Emilio Iguaz. Los evaluadores emitirán un informe no vinculante, donde concluye si el candidato tiene opciones de lograr la acreditación.
Al final se constituirán 113 tribunales, de 5 a 7 miembros, para la validación y registro de los elegidos. Cada tribunal atenderá a 15 o 20 personas. La primera fase de exclusión estará lista a finales de febrero. A partir de ahí, Educación calcula que en dos meses, como máximo, se habrán acreditado los 12.000 elegidos. Todos los que concluyan el proceso con éxito obtendrán un certificado que garantice que su experiencia o conocimientos son equivalente a una unidad competencial, y será incluido en el registro nacional de cualificaciones. Después dependerá del aspirante el seguir formándose e ir sumando unidades de competencia hasta lograr sacar un título entero de FP o Bachillerato. No es obligatorio, aunque Educación espera que el 100% que logre el certificado siga estudiando. El pilotaje que se hizo el año pasado demostró que todos siguieron formándose tras culminar el proceso.
