Policías contra el ladrillo ilegal. El nuevo cuerpo de inspectores urbanísticos de Andalucía echó a andar ayer con la toma de posesión de sus primeros 25 efectivos. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, anunció que este cuerpo se aumentará en 11 plazas antes de final de año.
Estos inspectores de urbanismo tienen el "objetivo de velar por la legalidad urbanística y consolidar la vertebración del territorio a través de ciudades y pueblos que permitan el eficaz ejercicio de los derechos constitucionales, señaló Espadas. Éste aclaró que los inspectores tendrán la consideración de agentes de la autoridad, al igual que los Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que podrán entrar sin previo aviso en el lugar objeto de la inspección y practicar cualquier diligencia, examen o prueba sin pedir ningún permiso específico.
El consejero de Vivienda detalló que este cuerpo trabajará con los ayuntamientos en una relación de "lealtad y apoyo" y desarrollará una función didáctica con los ciudadanos explicando sus decisiones, "puesto que las medidas que adopten pueden ser más o menos comprendidas", por ejemplo, concretó Espadas, en "zonas con un desorden histórico donde los habitantes pueden creer que estas acciones les perjudican".
El responsable de Vivienda puso de relieve que "la falta de colaboración con un agente de la autoridad tiene una responsabilidad penal", de modo que "intentar evitar que éstos recaben y accedan a la información necesaria provocaría el que se cometa una infracción".
"No admitirá presiones". Este cuerpo de inspectores nace en un momento en el que han saltado a un primer plano varias polémicas urbanísticas, como la declaración de interés social aplicada por la Junta a diez hectáreas de parcelas urbanizadas ilegalmente en el entorno del yacimiento arqueológico Medina Azahara en Córdoba. Espadas se refirió ayer a esta decisión y señaló que la Junta no admitirá "presiones". "Esa medida garantizará el interés colectivo por encima del privado", abundó.
El consejero pidió a los vecinos "tranquilidad", ante las movilizaciones realizadas por "algunos" de éstos, ya que se realizará un proceso basado en el diálogo y la "colaboración mutua". A este respecto, concretó que cada parcelista podrá acreditar el derecho que tenía para estar en la zona y aclaró que pueden existir viviendas anteriores a la declaración de Bien de Interés Cultural, "pero el objetivo de recuperación y protección del patrimonio histórico y artístico que tiene que ejercer la Junta tiene que ser comprendido también", insistió. Espadas no se mostró partidario de "admitir ningún tipo de presión de los vecinos para vulnerar la normativa", y advirtió que de aceptarlas "los ciudadanos de Córdoba no lo iban a entender".
