Los juzgados de lo Penal, lo Social y lo Mercantil de Sevilla trabajarán tres horas cada tarde a partir del 13 de octubre, para reducir la cantidad de tareas atrasadas que acumulan. Entre estos 26 juzgados suman 11.500 asuntos pendientes y más de 12.000 sentencias sin ejecutar. Es una medida de choque que durará tres meses.
La apertura vespertina se engloba en el plan Respuesta Razonable que Justicia ha iniciado al ver cómo la sobrecarga de los juzgados rozaba ya el colapso, al empeorar por culpa de la crisis. Entre asuntos atrasados y sentencias sin ejecutar, estos 26 órganos judiciales sevillanos suman casi 24.000 casos, que son los que se irán adelantando, ya que en esas horas no se celebrarán juicios, según dio ayer a conocer la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez.
Entre los juzgados que trabajarán de 16 a 19 horas -sin recibir al público- están los 13 de lo Penal, considerados prioritarios por ser los asuntos más graves, los que más preocupan al ciudadano y los que más atraso acumulan, sobre todo en la aplicación de sentencias. Tienen 4.202 asuntos pendientes y 10.157 sentencias sin ejecutar, según datos del Consejo General del Poder Judicial del primer trimestre de este año.
También se incluyen en la medida los 11 de lo Social -5.800 asuntos pendientes y 1.713 sentencias sin ejecutar- y los dos de lo Mercantil -1.517 casos atrasados y 264 sentencias sin ejecutar-, que se ocupan de los procesos directamente vinculados con la crissis económica, como despidos o concursos de acreedores. La consejera dijo que la intención es que quienes están sufriendo estos problemas no padezcan como añadido la lentitud judicial a la hora de ponerles fin.
De esta forma, funcionarán por la tarde alrededor de un tercio de los juzgados de la capital.
Asimismo, se sumarán los servicios de notificaciones y embargos de la capital y de los partidos judiciales de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Dos Hermanas. Así se paliará el retraso que se está acumulando desde que Justicia, para recortar gastos, restringió el uso de taxis para repartir citaciones judiciales y decidió que se entreguen en transporte público.
El plan de choque, que afectará a 121 juzgados andaluces, 38 servicios de notificaciones y 900 funcionarios, costará tres millones de euros. Las horas extra se pagarán al precio habitual, detalló la consejera.
A los juzgados de lo Social acudirá por la tarde toda la plantilla, mientras que en lo Penal, lo Mercantil y los servicios de notificación sólo el 50% de la plantilla. Si algún funcionario no quisiera realizar las horas extra y faltara personal en su juzgado, se contaría con personal de otros órganos que no abran por las tardes.
La consejera explicó que la medida tendrá carácter finalista, ya que los lunes los secretarios judiciales planificarán el trabajo, con objetivos concretos que los trabajadores deberán cumplir de martes a viernes.
Abiertos, pero no para el ciudadano. La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, quiso dejar claro que la apertura por las tardes no servirá para que los ciudadanos acudan a realizar sus trámites, sino para que los funcionarios adelanten el trabajo atrasado.
Álvarez recordó que ya se han puesto en marcha otras iniciativas coyunturales para paliar el histórico atraso de la Justicia, como el refuerzo a los 20 juzgados más saturados de Andalucía o las primas que van a cobrar los funcionarios que más casos tramiten.
Además, su consejería trabaja ya en proyectos estructurales para mejorar la calidad de su trabajo, como el servicio común de ejecución de sentencias, que se pondrá en marcha en diciembre para evitar la descoordinación entre órganos, decisión adoptada tras la muerte de la niña Mari Luz Cortés a manos de un pederasta que debía de haber estado en prisión.
