Más de 200 afectados, 261 en concreto, por las tramas de niños robados presentaron ayer en la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal a nivel nacional sobre sus casos, que rondaría los 300.000.
Los demandantes, ubicados en distintos puntos de la geografía nacional, han sido agrupados por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y están representados por el abogado Enrique Vila.
Todos ellos acudieron ayer a la sede de la Fiscalía portando pancartas en las que denunciaban la existencia de unos 300.000 casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios. Los casos se produjeron, según la documentación que ha recabado la asociación, en un periodo amplísimo que se extiende desde los años 20 hasta la década de los 90.
El presidente de Anadir, Antonio Barroso, expresó en declaraciones a los medios su esperanza en que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abra una investigación dado que la asociación cuenta con "muchas pruebas". "Esto ha estado ocurriendo hasta los años 90 e incluso a fecha de hoy sigue pasando", aseguró Barroso.
Casos en Sevilla. El presidente de Anadir explicó que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran "médicos, comatronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios" y que las sustracciones se efectuaron "en todas las comunidades". De hecho, en la provincia de Sevilla, dos matrimonios de Utrera y una pareja de Montellano se han sumado a estas denuncias por la desaparición de sus hijos recién nacidos. También en Cádiz, Algeciras o Málaga se han detectado casos similares.
Barroso subrayó que la asociación considera que los delitos cometidos por los implicados en las tramas no han prescrito a pesar del tiempo transcurrido dado que están relacionados con la apropiación ilegal de menores. "Se trata de secuestros que se mantienen a día de hoy", dijo.
Barroso explicó que desde Anadir consideran que los padres de adopción también fueron engañados por las tramas ya que no se les comunicaba en ningún caso que los menores fueran robados: "Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no los querían".
El escrito presentado ante la Fiscalía incluye, según precisó la edición digital de El País, un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.
"Los precios iban de las 50.000 pesetas en los años 50 hasta un máximo de un millón", añade Enrique Vila. "Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es sólo el origen" de la trama de los niños robados.