El derribo de diez viviendas ilegales en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se saldó ayer con 28 personas detenidas por "resistencia a la autoridad", entre ellos familiares del constructor a los que éste les cedió las casas en las últimas semanas ante la inminencia de la demolición.
Las casas se levantan en la zona de Majadillas Bajas y aunque desde comienzos de 2007 el Ayuntamiento chiclanero ya notificó al promotor la orden para paralizar la construcción, éste continuó y desde entonces, violó numerosos requerimientos municipales, llegando incluso a romper seis precintos, según el consistorio.
Así, cuando ayer agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en el lugar para proceder al desalojo de las casas, se vivieron tensas escenas ya que algunos de los inquilinos llegaron a subirse a los tejados y tuvieron que ser bajados por los miembros de los Cuerpos de Seguridad. No se registraron heridos pero 28 personas fueron detenidas y puestas en libertad tras prestar declaración durante la mañana. Una vez completado el desalojo, las máquinas excavadores iniciaron los trabajos de derribo.
Según el Ayuntamiento, las diez viviendas fueron construidas con "fines especulativos" por una empresa familiar de Chiclana y, a pesar de que había una orden de paralizar la obra y de que las casas no se podían vender porque existía una anotación en el registro, el constructor continuó con la edificación.
Así, ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas dejó algunas de las casas a familiares y alquiló el resto a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve. Estas personas, sin medios para poder alojarse, fueron atendidas por las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social del Ayuntamiento.
La promoción de las diez casas podría haber alcanzado en el mercado inmobiliario libre, en caso de que hubieran podido venderse, unos tres millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Gerencia municipal de Urbanismo.
El Ayuntamiento de la localidad gaditana quiso aclarar que la demolición de estas casas no interfiere "para nada" las negociaciones que el consistorio y la plataforma de las Áreas de Gestión Básicas llevan a cabo desde hace meses y señaló que las viviendas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el boom inmobiliario de los últimos años.
