Los aniversarios, a veces, tienen la virtud de la fiesta; lo que se celebra suele ser motivo de alabanza y, a modo de reivindicación, se convierten en una convención para centrarse en lo positivo, en lo que une, dejando de lado las posibles sombras de lo vivido. La celebración de los treinta años de ayuntamientos democráticos es una oportunidad para reflexionar y hacer balance a propósito del camino recorrido y del horizonte hacia el que marchamos. Y podemos hacerlo repitiendo obviedades -el importante papel que han jugado en la historia reciente de nuestro país, por ejemplo- o señalando los aspectos relevantes para que ese papel siga siendo determinante en los próximos treinta años.
A nadie se le escapa que la convivencia ciudadana está ligada al territorio, y eso origina que el conjunto de las políticas públicas, de una u otra manera, tiene en el municipio su espacio privilegiado de desarrollo dando lugar a un estado de opinión social que surge de la información y la percepción que generan esas políticas. De ahí que, en estos treinta años, los municipios hayan sido importantes para la consolidación de los valores democráticos al haberlos convertido en lenguaje de convivencia; pero, tanto como las Autonomías y el Estado central.
Por eso no parece pertinente hablar, como un tópico, de municipalismo como si fuera una palabra mágica que, automáticamente, comporta bondad, porque no deja de ser una palabra hueca, como lo sería hablar de autonomismo o estatalismo. Y eso no empequeñece el hecho de que nuestros municipios han sido y son magníficos laboratorios de pruebas de las políticas del Estado del Bienestar, pero también de la perversión del poder y de la pérdida de calidad democrática.
Por tanto, una visión menos corporativista de esta efemérides nos haría a todos bien por cuanto contribuiría a situar los desafíos en el centro del debate; por una razón muy sencilla, como es que lo que debe estar permanentemente presente no es el instrumento -el gobierno- sino el horizonte, y éste no es otro que la mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía y el perfeccionamiento de la sociedad democrática.
De ahí que una mirada más serena y reflexiva posiblemente nos ayudaría no tanto a repetir los temas que como tópicos se manejan, pero que el tiempo ha revelado caducos -caso del Pacto Local-, como a ser valientes a la hora de hacer una agenda política en torno a la cuestión determinante: ¿qué papel queremos que jueguen nuestros gobiernos locales en un Estado descentralizado del siglo XXI?
Con esta premisa, la relación de temas pendientes, tanto de carácter normativo como politológico, comienza a ser extensa: el tránsito de la ciudad municipal a la ciudad metropolitana y sus consecuencias, una organización específica y los recursos correspondientes para los municipios pequeños, el papel de agencias como nueva misión de las diputaciones provinciales en cooperación con la comunidad autónoma, el fin de la actual permisividad con los incumplimientos en aprobación y rendición de cuentas públicas, la conveniencia o no de la elección directa del alcalde... Mientras no abordemos estos temas podremos seguir repitiendo, también como tópico, la necesidad de clarificar el binomio competencias-recursos presupuestarios en relación, unas veces con la Administración central y otras, las más, con la Administración autonómica.
Y es evidente que, en todos los sentidos, la hacienda local debe ser clarificada y que una buena delimitación de los servicios a prestar, también. Pero la política municipal es bastante más que una relación de servicios -para ese éxito no se necesita más que buenos gestores-, porque es un mucho de generación de valores compartidos en torno a la convivencia democrática.
Por eso, en consonancia con las prioridades colectivas expresadas de distintas formas y que reflejan un escenario social bien diferente al de hace treinta años, no harían mal nuestros partidos políticos en adentrarse valientemente en los desafíos municipales, incorporándolos como pieza fundamental en la construcción del Estado español del siglo XXI, y superar esa antigua tentación de convertir a los gobierno locales en extensión de las políticas públicas de otros.
Licenciado en Historia y ex director general de Administración Local de la Junta de Andalucía.
