Incertidumbre y malestar. Son los sentimientos que se han instalado en la industria de las energías renovables después de que esta semana el Senado derogase el registro de preasignación de potencia para estas instalaciones, que pone en riesgo las inversiones millonarias, ya que las empresas desconocen ahora cuál será la prima que recibirán por producir energía limpia.
Andalucía es una de las comunidades que se ha lanzado a advertir contra los efectos negativos para los proyectos renovables que se desarrollan en la región que supondrá la aprobación por parte del Congreso, prevista para la próxima semana, de la enmienda presentada por CiU en el Senado el miércoles pasado, y que se traduce en la derogación del registro de preasignación de potencia de energía renovable.
Se trata de un cambio normativo que llega sólo cinco meses después del Real Decreto aprobado en mayo y que las empresas afectadas consideran que deja en el aire las inversiones y los puestos de trabajo asociados a esos proyectos. De hecho, según la Asociación Española para la Promoción de la Industria Energética, Protermosolar , se ponen en peligro 300.000 empleos en el sector de la energía solar con los cambios que quiere introducir en la regulación del mercado de energías renovables.
A juicio de Protermosolar, el cambio de normativa que se ha introducido "a hurtadillas", a través de una ley sobre sociedades inmobiliarias en el Senado, "llevará a la quiebra" a varias empresas del sector por las exigencias de devolución del dinero dispuesto e "implicará la pérdida patrimonial de los fondos invertidos" en 35 centrales solares termoeléctricas que se están construyendo.
La patronal del sector confió en que el Congreso de los Diputados -que tendrá que ratificar el texto la próxima semana- pueda eliminar a última hora el cambio en la normativa, que sería un "desastre de proporciones y trascendencia incalculables", ya que "puede suponer la muerte de un sector en el que España ostenta la condición indiscutida de líder mundial, en un momento en que en el resto del mundo se están planteando enormes planes de implementación".
No obstante, el texto parece que saldrá adelante, toda vez que fue pactado por todos los grupos, incluido el PSOE.
La asociación insistió en que los cambios adoptados por Industria pondrían en peligro inversiones por valor de 10.000 millones de euros, ya que cada central requiere una inversión media de 300 millones.
"Muchas de estas plantas están financiadas por la banca extranjera, incluyendo el Banco Europeo de Inversiones, quienes no dan crédito a la inseguridad jurídica de España que es lo que transmiten estas actuaciones del Ministerio de Industria con tres cambios normativos en dos años, el último hace tan sólo cinco meses", se queja Protermosolar.
El Senado acordó esta semana eliminar el método de pre-registro, introducido para controlar el reparto de primas en un Real Decreto que entró en vigor en mayo pasado, a raíz de una enmienda incorporada a propuesta de CiU en la Ley de regulación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario).
Sin embargo, la postura del Ministerio de Industria es bien distinta, al considerar que no supone modificar el marco normativo que regula el sector.
Algunas comunidades, entre ellas Andalucía, ya ha advertido de los efectos negativos que podría conllevar sobre las inversiones y los puestos de trabajo asociados a las mismas si sale adelante la enmienda planteada.