Casi todas las familias que huyeron del Polígono Sur tras un tiroteo en el que un joven murió por un disparo casual -32 de las 35 que se fueron a un descampado- han presentado los documentos que la Junta les pedía para demostrar que las casas que dejaron son suyas. Ahora habrá que comprobar si esos papeles están en regla.
La huida de unas 300 personas tras el tiroteo que tuvo lugar el 29 de marzo, y en el que murió un chaval de 17 años alcanzado por una bala perdida, dejó vacías 41 viviendas que fueron precintadas por la Policía Autonómica.
Se calculó que las familias que escaparon era alrededor de 35. El resto de las casas no estaban ocupadas: algunas permanecían vacías, otras eran usadas de forma irregular por otros vecinos del bloque y alguna, según se sospecha, servía de base para actividades delictivas. Estaban en los conjuntos 8 y 12 de la calle Luis Ortiz Muñoz.
Los residentes se marcharon a un poblado de chabolas en el que, a día de hoy, no ha habido ninguna mejora. Los pocos voluntarios que acuden a tratar de ayudarlos temen la llegada definitiva del calor, porque hay enfermos, ancianos y un centenar de niños -ahora sin escolarizar- viviendo bajo plásticos y en condiciones insalubres.
La Junta de Andalucía reiteró ayer, como viene repitiendo desde hace 72 días, que es "una situación muy difícil" en la que "se está trabajando desde el primer día para encontrar una solución", sin precisar plazos. Las administraciones acordaron reunirse a lo largo de la semana pasada para adoptar soluciones, pero tras una primera toma de contacto los encuentros se desconvocaron sine die.
Tras la huida, el Comisionado del Polígono Sur decidió su precinto cautelar al quedarse vacías porque al no estar escrituradas son propiedad de la Junta de Andalucía y habían sido abandonadas.
Luego, para evitar el regreso sin más de familias que se habían metido en las casas a golpe de billete -con el dinero que les dio el Ayuntamiento por dejar sus chabolas en Los Bermejales, en 2004-, abrió un periodo que acabó el pasado día 4 para recoger documentos que acrediten la propiedad.
La Junta revisa ahora esa documentación, aunque con la sospecha de que pocos podrán acreditar realmente que los pisos son suyos. Aunque existan contratos de compraventa, en muchos casos la irregularidad está antes y vicia todo el proceso: algunos pisos se vendieron antes de lo que la ley permite para las VPO, y en otros casos hubo ilegalidades en alguna de las sucesivas ventas.
